• Se trata de organizaciones provenientes de todo el continente americano y partes de Europa.

Este 7 de mayo, 650 organizaciones firmaron una solicitud remitida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se abra una investigación a causa de la represión de las protestas sociales sucedidas en Colombia durante los últimos días.

Dentro de la petición, se denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad colombiana como respuesta a las protestas que iniciaron el 28 de abril en todo el país. 

Las organizaciones hacen un llamado a la CIDH para que solicite permiso del Estado para que un mecanismo independiente de expertas y expertos visiten el país, colaboren con la investigación de lo ocurrido y recomienden medidas para evitar que estos hechos se reproduzcan en el futuro.

Con ello se busca condenar los hechos de violencia y represión ocurridos no solo durante estas protestas sociales, sino en años anteriores también. 

Además, se acusa al Presidente, Ivan Duque Marquéz, de autorizar la participación de las fuerzas militares en funciones de control de orden público y hacen un llamado al Estado a propiciar espacios de diálogo e intercambio con la sociedad manifestante.

Las organizaciones incitaron a todos los actores y a la sociedad en general a defender el derecho a la protesta, condenar la violencia con que actúa la fuerza pública en el marco de las protestas sociales en Colombia y exigir las reformas pertinentes que reclama la población para que el actual escenario de represión no se vuelva a repetir.

Contexto de lo sucedido en Colombia 

Aproximadamente hace una semana iniciaron una serie de manifestaciones sociales por el descontento de la población a raíz de una propuesta de reforma tributaria, unida a la crisis económica y de salud en el marco del COVID-19.

Durante los últimos días se ha reportado un aumento de agresiones contra líderes, personas defensoras de los derechos y miembros de la prensa en todo el territorio nacional a manos de  la Fuerza Pública y la intervención de las fuerzas militares. 

Según cifras actualizadas al 5 de mayo por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, a esa fecha se habían reportando 1565 hechos violentos, 87 personas desaparecidas, 31 personas asesinadas y 9 víctimas de violencia sexual.