Decisión se tomó por limitaciones procesales, pues el procedimiento especial para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes no establece apelaciones que sí se permiten en los demás casos.
Los recursos de apelación que habían presentados los abogados del presidente Carlos Alvarado Quesada en el proceso del Caso UPAD fueron rechazados por la Sala III al ser considerados inadmisibles debido a que el Código Penal no contempla ese tipo de recursos en el procedimiento especial definido para juzgar a miembros de los Supremos Poderes de la República.
Según señaló en un comunicado de prensa la defensa del presidente Alvarado, la decisión de declarar inadmisibles los recursos de apelación presentados en el proceso, también se aplicó a otras solicitudes similares presentadas por la defensa de otras tres de las personas involucradas en la investigación.
La apelación rechazada, estaba relacionada con el procedimiento que la Fiscalía General ha propuesto para acceder a toda la información almacenada en los teléfonos y computadoras que forman parte de la evidencia del caso UPAD, en lugar de que se definieran parámetros de búsqueda de información y se utilizará un software forense especializado para filtrar la información de los aparatos electrónicos.
Los abogados Rodolfo Brenes Vargas y Róger Guevara Vega, defensores del presidente, confirmaron la resolución señalando que: “lo que se apeló fue una resolución del juez de garantías que estableció un procedimiento ad hoc para analizar los teléfonos y computadoras secuestradas, que le permitiría a la Fiscalía General tener acceso a la totalidad de la información almacenada en esos dispositivos, y no solamente a la relacionada con los hechos investigados, como lógicamente corresponde y como había ordenado la misma Sala Tercera”.
A razón de esta resolución de la Sala III, los abogados de Alvarado calificaron el procedimiento especial que existe para juzgar a miembros de los Supremos como “arcaico”, considerando que “limita las facultades de la defensa de una manera incompatible con las exigencias de un Estado democrático de derecho”.
La defensa del presidente añadió que respetan, pero no comparten, la decisión de la Sala III y que ahora analizaran la situación en que esto los deja, ya que consideran que esta decisión sienta un “gravísimo precedente en la historia judicial de nuestro país, mediante el cual se autorizaría la utilización de un procedimiento ad hoc, para un caso particular, sin brindarle a la defensa posibilidad algina de discutir o cuestionar esa decisión”.
