Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrestaron la mañana de este jueves al alcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño, por orden del Ministerio Público.
De acuerdo con el OIJ y la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Heredia, Ulate Avendaño figura como sospechoso del delito de violación y privación de libertad agravada, en perjuicio de una persona menor de edad.
El caso se tramita bajo el expediente 21-000710-0369-PE y la detención del alcalde fue necesaria para tomarle la declaración indagatoria y determinar su situación jurídica.
Informes preliminares indican que los hechos se dieron en el año 2019 cuando al parecer el sospechoso habría llevado a la ofendida, una menor de edad, a su casa para que llenara unos documentos para un trabajo, siendo ese el momento en que ocurrió el abuso.
Ulate fue detenido mientras salía de su casa en Heredia y quedará a las órdenes de las autoridades judiciales.
José Manuel Ulate Avendaño se ha desempeñado como Regidor y Presidente Municipal por espacio de ocho años y asumió la Alcaldía de la Municipalidad del Cantón Central de Heredia desde febrero del 2007 y hasta la fecha.
A inicios de marzo la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado costarricense en su condición de víctima, presentó una querella y acción civil resarcitoria en la que se reclamó 10 millones de colones al alcalde de Heredia y su abogada, María Auxiliadora Alfaro Chacón, por el delito de tráfico de influencias agravado.
El caso tiene que ver con la influencia que realizó el Alcalde a policías municipales de Heredia para dejar en libertad al hermano de la abogada, tras una llamada que ella misma le realizó a Ulate. Según la acusación, tras esa llamada el Alcalde dio la orden a los policías de que lo dejaran en libertad y que cancelaran el procedimiento que estaban llevando a cabo.
"Los hechos que se querellan constituyen en grado de probabilidad, y en criterio de la Procuraduría de la Ética Pública, para ambos querellados y demandados constituyen un delito de tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; se atribuyen como consumados y en calidad de autores", detalló la PEP.
Además del proceso penal, la Abogacía del Estado reclama 5 millones de colones contra ambos imputados por el daño social derivado del hecho delictivo.