Costa Rica un Estado de Derecho, el cual se rige por el imperio de la ley, la cual es emanada de la voluntad popular a través de representantes elegidos en elecciones democráticas, los diputados.  Esto es vital para nuestra prosperidad, dado que la seguridad jurídica es un pilar en la atracción de inversión y una garantía para el ciudadano. Nadie quiere invertir en un lugar donde un funcionario público actúa contra el administrado por la libre sin respeto a la Ley o los tribunales de justicia.

En ese sentido, nuestra Constitución Política establece como deber y potestad exclusiva de los diputados “Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales”. Respetar esta norma es vital para mantener nuestra vida democrática.

Sin embargo, el cobro de las obligaciones obrero-patronales y de los profesionales liberales por parte de la CCSS, se determina mediante simples acuerdos de su Junta Directiva, lo que les faculta literalmente a “meter la mano” en los salarios e ingresos de todos los ciudadanos y empresas, y les despoja de su dinero sin el mayor debate, pero, sobre todo, sin representación adecuada.

La representación es vital en la vida democrática, sobre todo cuando se trata de quitarle dinero a los ciudadanos. Por ello, se suma a la preocupación escuchar recientemente en un programa radial a la directiva de la CCSS, Marielos Alfaro, comentar valientemente que tuvo que luchar más de una hora para que un ilegal, inconstitucional e irracional borrador de Reglamento de Afiliación a los Trabajadores Independientes fuera puesto en consulta, dado que la Administración quería aprobarlo sin someterlo a conocimiento de pueblo.

Actualmente, en la CCSS 9 directivos que no fueron elegidos por el pueblo ni se conocen, aumentan tributos contra el ciudadano y las empresas, a su plena discreción. No fueron elegidos en elecciones democráticas para tomar decisiones tan trascendentales en la vida de los costarricenses e incluso en nuestra capacidad de crecimiento económico como nación. Los 9 directivos tienen la potestad (constitucionalmente cuestionable) de sentarse en una silla y, mediante un simple acuerdo, aprobar aumentos en las contribuciones que deben hacer las personas y las empresas. ¿Qué pasó con el aforismo de no tributación sin representación?

El artículo 73 de nuestra Constitución Política, en ninguna parte, ni de forma literal y me parece que tampoco mediante interpretación, otorga a la Junta Directiva de la CCSS la potestad de crear tributos y definir las tarifas, mucho menos para legislar contra el administrado. La potestad de hacerlo la da el artículo 121, y es exclusiva a los diputados, los cuales fueron elegidos por el pueblo.

Las contribuciones a la CCSS, como cobro coactivo a favor de un ente específico, constituyen un tributo clasificado como exacción o contribución parafiscal, aspecto que ya nuestra Sala Constitucional confirmó en un voto con carácter erga omnes.

La ausencia de representación y discusión, cuando se determinan las contribuciones a la CCSS, ha permitido tal grado discrecionalidad y poco análisis, que hoy son el principal obstáculo para la creación de empleo en Costa Rica. A este respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su informe Económico sobre Costa Rica para el año 2018, señaló en relación con las cuotas de la CCSS, lo siguiente:

Las altas contribuciones a la seguridad social son un obstáculo para la formalidad en Costa Rica. Estas contribuciones representan aproximadamente el 36,5% de los ingresos brutos, en comparación con el promedio de la OCDE del 27,2%. (…) La gran porción que deben pagar los empleadores impulsa los costos laborales no salariales de Costa Rica hacia el tope de las calificaciones de la OCDE".

Para sorpresa de pocos, la OCDE hace casi tres años nos señaló que seguir aumentando el costo de la seguridad social constituye un incentivo perverso para la informalidad, dado que el costo es tan alto que le impide a la gente cumplir, así como a las empresas, que se ven ahogadas e imposibilitadas de crear empleos.

Los altos costos implican, por lógica, que la informalidad esté cerca del 50% de nuestra economía. Y resulta lógico también que, ante una voracidad fiscal de la seguridad social imponiendo costos altos, sus ingresos cada año disminuyan al tener menos cotizantes. A esto debe sumarse su cuestionable gestión administrativa y gastos abusivos, como el 3% del dinero de los cotizantes que regala a sus funcionarios para una tercera pensión, regalo que debería estar hoy en discusión para su revisión y consecuente eliminación, al ser un privilegio inaceptable e insostenible.

Como tributo, las contribuciones a la seguridad social prescriben, y lo hacen a los 4 años según definió a propia Sala conforme lo establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Sin embargo, en la práctica son miles de casos donde mandos medios de la CCSS han desconocido la ley y las sentencias de la Sala Constitucional, pretendiendo realizar cobros por 10 años o más, e incluso alegando que no existe el instituto de la prescripción como un todo, lo cual es una clara afrenta al Estado de derecho y la seguridad jurídica de nuestra nación.

Con un desempleo cercano al 25% y una informalidad tan alta, es claro que atender con urgencia el descontrol con el altísimo costo de la seguridad social es un deber prioritario, dado que no solo está atentando contra la seguridad jurídica, el crecimiento económico y nuestra prosperidad, sino que está atentando también contra la propia CCSS, la cual es un pilar de nuestra paz social que requiere hoy ser protegida de aparentes enemigos internos.

Los graves casos de corrupción, la mala gestión de las inversiones, la eliminación del FRE, la mala gestión administrativa y el mejoramiento del servicio al cotizante, deberían ser el enfoque principal hoy por parte de la administración de la CCSS. Nuestro país no puede darse el lujo de perder la seguridad social, y por ello urge prestarle atención prioritaria a lo que está sucediendo con el costo de esta, que solo está provocando informalidad, desempleo y menos ingresos para sí misma.

Entre más inversión y facilidad de emprender más empleo, entre más empleo más cotizantes y, consecuentemente, más ingresos para la CCSS.

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