La Comisión Especial del Congreso que investigó las campañas electorales del 2002, 2006 y 2010 del Partido Acción Ciudadana (PAC) entregó este lunes dos informes con las conclusiones del trabajo de dicho foro, el cual arrancó en junio del 2019.

La oposición concurrió con un informe de mayoría suscrito por seis legisladores en el que se solicita al Consejo de Gobierno destituir a Ottón Solís Fallas como director representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), "por no gozar de las condiciones morales ni éticas para ostentar tan honroso cargo".

Asimismo, al presidente de la República le solicitan destituir a Margarita Bolaños Arquín como garante ética, "por no gozar de las condiciones morales ni éticas para ostentar tan honroso cargo, aun cuando sea ad honórem".

Según los "hechos probados" por la Comisión, tanto Solís Fallas como Bolaños Arquín conocieron, aceptaron, promovieron y facilitaron que el mecanismo de engrosamiento de gastos de liquidación de la campaña presidencial del 2010 permitiera estafar al Erario Público al momento de presentar de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

"Ambas figuras además reconocieron expresamente haber conocido del mecanismo refiriéndose a campañas previas a la del 2010, por lo que ha quedado claro que no fue una estrategia cuyo origen es la campaña del 2010. Adicionalmente, el esposo y ex cuñada de la señora Margarita Bolaños Arquín firmaron contratos por servicios especiales", dice el informe.

Además, solicitaron al Ministerio Público investigar los hechos que se describen en el informe de 235 páginas suscrito por la oposición, y que ahora pasará a conocimiento del Plenario para su votación.

Específicamente, el informe pide que se determine si los hechos señalados en el informe del Congreso son constitutivos de delitos perseguibles en vía penal y, de ser así, se sirva dar apertura a los respectivos expedientes, incorporando, si procede, y de manera individualizada la solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

La mayoría de la comisión concluyó, también, que los contratos por servicios especiales de la campaña presidencial del PAC en 2010 que fueron objeto de una condena por estafa al Estado contienen características similares, idénticas o parecidas a las de los contratos que, bajo honorarios profesionales se emitieron en la campaña de 2006.

"Las variaciones que sufrieron dichos contratos entre una campaña y otra se explican desde la óptica del PAC de pretender evitar una vinculación de dichos contratos con asuntos de índole laboral que pudieran traer como consecuencia el pago de cuotas obrero patronales a la CCSS", agrega.

Por otro lado, los diputados afirman que contrario a lo señalado por el Tribunal Supremo de Elecciones, una eventual estafa por parte del PAC en las campañas electorales del 2002 y 2006 no habría prescrito pues el Estado tuvo certeza de haber sido estafado hasta que la sentencia de la causa penal por la estafa del 2010 adquirió firmeza.

El informe reprocha, además, que Solís recomendara al Jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones a ocupar un cargo como Director General de Tributación, cargo para el que la persona recomendada reconoció no ser idónea y además, que dicha recomendación se diera en medio de un proceso de investigación a las finanzas
de su última campaña presidencial.

También le recriminan al fundador del PAC el haber pretendido mediante llamada telefónica incidir en el Presidente de la Comisión Especial Investigadora para obtener una ventaja en cuanto a la fecha de su comparecencia y que familiares de Solís Fallas se vieran beneficiados de los certificados de cesión que emitía el PAC en las campañas presidenciales donde él fue candidato, incluyendo el descuento más intereses.

Asimismo, la comisión pidió al Ministerio Público valorar la reapertura o un nuevo expediente, en lo que proceda, de la causa 12-000024-033-PE contra el PAC por la estafa del 2010, para que sean incluidos los nuevos actores y hechos descubiertos en la Comisión, los cuales eventualmente pueden constituir en actuaciones delincuenciales, pues se estima pudo haberse tratado de un delito continuado.

También solicitan valorar el inicio de un proceso de investigación sobre los hechos ocurridos durante las campañas de los años 2002, 2006, y 2010, pues es su competencia exclusiva y excluyente sobre el juzgamiento y persecución de los ilícitos contemplados en el Código Penal e, incluso, acerca de los Delitos Electorales previstos en la Ley N.°8765, ya que para la Comisión se ha tenido
por comprobado que la estafa cometida por el PAC se había institucionalizado desde años previos a la campaña presidencial del 2010.

Finalmente, solicitaron a la Fiscalía cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida con respecto a la investigación abierta a los firmantes de los 263 “contratos por
servicios especiales” como coautores de los delitos de Falsedad ideológica y Estafa, investigación que se tramita bajo el expediente 19-000084-1218-PE en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

PAC alega que "se perdió el tiempo para no llegar a nada diferente"

Catalina Montero, representante del oficialismo en la comisión, presentó un informe de minoría respecto a los hallazgos de la investigación.

A través de un comunicado de prensa, la fracción de Gobierno afirmó que el trabajo del foro legislativo fue una pérdida de tiempo, ya que no aporta nada nuevo a lo que investigaron las instancias que investigaron, revisaron, denunciaron y llevaron a juicio, llegando a emitir sentencia solo contra dos personas.

"Hace un año y dos meses que la comisión no sesiona, solo se ha dedicado a ampliar plazos, sin convocar a ninguna otra persona, ni aportar nueva información o pruebas que contradigan a lo ya investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Poder Judicial. Desde junio de 2019 y hasta febrero 2020, fecha en que dejó de sesionar la comisión legislativa investigadora de las campañas electorales del PAC, se recibió en audiencia a varias personas, entre quienes figuraron representantes de las instituciones que investigaron y llevaron el caso hasta juicio", dijo el PAC.

La diputada Montero afirmó que siempre han estado dispuestos a una permanente rendición de cuentas, pero que los representantes del Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General, Poder Judicial y Procuraduría General reconocieron que ni autoridades ni la estructura partidaria tuvieron participación en los hechos investigados y juzgados.

En su informe minoritario la legisladora pide archivar la investigación realizada por la Comisión, pues no arrojó nuevos hechos ni pruebas de relevancia que involucren, con el grado de plausibilidad necesario, a otras personas del PAC eventualmente responsables por el delito de estafa cometido en 2010, ya condenado por los Tribunales en 2016.

Asimismo, pide archivar la investigación ya que no aportó nuevos hechos ni pruebas de relevancia sobre la posibilidad de que, en la liquidación presentada por el PAC para los comicios de 2006 y 2002, hubiera podido existir una instrumentalización de los contratos por servicios especiales para configurar una estafa en términos similares a la ya condenada para 2010.

También pide archivar la investigación ya que el ejercicio de control político fue realizado durante los nueve meses en que la Comisión trabajó y, por otro, las acciones legales pertinentes sobre posible responsabilidad penal, civil, administrativa o de repetición de pagos indebidos, se encuentran ya prescritas.

"Pedir a las instancias competentes que promuevan dichas acciones, incurriendo en gastos innecesarios a sabiendas de su prescripción, sería un desperdicio de recursos, así como un uso abusivo y antisocial del derecho, con intenciones político-partidarias a las que no debe prestarse la institucionalidad costarricense", agregó.

En contraparte, Montero pidió crear una Comisión Investigadora sobre aquellas liquidaciones de gastos electorales de partidos políticos que tienen abiertas causas penales y están siendo investigados por el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Elecciones; y otra que realice un proceso de revisión de la legislación electoral sobre el financiamiento de los partidos políticos, la emisión de certificados de cesión y el posterior reconocimiento de gastos, así como los medios de pago utilizados para sufragarlos; con el fin de proponer iniciativas de ley que atiendan adecuadamente este tipo de problemas ya identificados en muchos partidos políticos nacionales desde la reforma electoral de 2009.