Este 2021 la democracia costarricense ha sido calificada una vez más como una democracia completa por el Índice de Democrático de la Unidad de Inteligencia de The Economist. No obstante, otros indicadores muestran una democracia que enfrenta severos riesgos. Tal es el caso del Latinobarómetro, el cual muestra una caída en la confianza tanto interpersonal como en las diferentes instituciones del país. Por ejemplo, en la última década la confianza interpersonal y en la Asamblea Legislativa se redujeron en un 50%. En el 2010 un 18,6% de las personas encuestadas consideraban que podían confiar en la mayoría de las personas, la misma encuesta en el 2018 mostró que el porcentaje bajó a 9,5%. Esta caída en la confianza es una amenaza seria para nuestra democracia, una tendencia que debemos revertir.
El expediente 22.414 denominado Ley para Mayor Información y Transparencia Electoral (reforma del artículo 148 del Código Electoral) recién presentado en la Asamblea Legislativa tiene el objetivo de construir un sistema electoral más transparente, donde la ciudadanía pueda conocer mejor a las y los candidatos y sus propuestas programáticas. La iniciativa que surge en la sociedad civil a través de la asociación Poder Ciudadano ¡YA! ha sido acogida por 20 diputados y diputadas de la República que con su firma respaldan el proyecto de ley y lo someten al debate legislativo.
Pero, ¿Por qué es importante este proyecto? La Asamblea Legislativa y los partidos políticos son las instituciones peor valoradas en el ranking de confianza del Latinobarómetro, sin embargo, este resultado por si solo no ha sido suficiente para estimular una mejor selección de candidatos por parte de las diferentes agrupaciones políticas. Ante este problema, creemos que el acceso a la información de las candidaturas se puede convertir en el incentivo correcto para que los partidos depuren sus procesos de selección y para que se desarrolle una cultura política más activa, comprometida e informada por parte de la ciudadanía. Estudios como el de Quesada y Casas (2019) Legislative Candidate Vetting Mechanisms in Latin American Political Parties (Mecanismos de selección de candidatos legislativos en los partidos políticos latinoamericanos) evidencian este problema de falta de incentivos en varios países de Latinoamérica.
El incentivo definido en este proyecto comprende la presentación de una fotografía y una biografía de las candidaturas a una diputación, las vicepresidencias y la presidencia en el momento de su inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Esta información constituye un derecho de la ciudadanía a conocer las calidades y trayectoria de quienes se postulan para ocupar cargos públicos de elección popular. Vale la pena reconocer, que actualmente esta información es parcialmente entregada por los partidos gracias al esfuerzo del Instituto de Formación y Estudios Democráticos del Tribunal Supremos de Elecciones (IFED) por promover un voto informado y así fortalecer nuestra democracia. Desde 2010 el IFED ha solicitado esta información a los y las candidatas, una tarea que ha emprendido a un alto costo logístico, al no existir la obligación legal por parte de los partidos para entregarla.
Adicionalmente, el proyecto propone la obligatoriedad de presentar el plan de gobierno del partido junto con la inscripción de la candidatura presidencial, esto con el fin de fomentar la institucionalización del sistema de partidos políticos. Al respecto, el politólogo Scott Mainwaring, en su obra Party Systems in Latin America, Institutionalization, Decay and Collapse (2008) (Sistemas de partidos en América Latina, institucionalización, decadencia y colapso); argumenta que las posiciones programáticas de los partidos políticos constituyen un parámetro de su nivel de institucionalización.
Fomentar la participación política, los valores democráticos y la cultura cívica, pasa por fortalecer el vínculo entre los representantes políticos y la ciudadanía. El acceso a la información para emitir un voto informado es un primer paso para reconstruir ese vínculo.
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