Por Jennifer Barrientos Umaña – Estudiante de la carrera de Derecho
Desde el inicio de los tiempos, lograr un equilibrio entre lo público y el resguardo a lo privado se ha caracterizado por un mejoramiento en los sistemas y una gran apertura al alcance de la libertad de las personas. Es decir, la división entre aquella información que se cataloga como pública y privada es necesaria, pero ¿por qué? ¿Ha pensado alguna vez si el Estado pudiese controlarlo todo? Si bien es cierto en el Estado recae el peso de tomar decisiones, el pueblo es lo más importante para el funcionamiento de un sistema. El distanciamiento entre lo que el pueblo tiene y quiere es ineludible para disminuir un poder absoluto en un país. La esfera privada es necesaria para garantizar el buen funcionamiento del Estado, que debe ser respetado no solo porque está incluido en nuestra Constitución, sino también porque es respaldo de la esfera privada de los habitantes del país.
Primeramente, es necesario adentrarse en el ordenamiento jurídico para conocer la relación que hay entre la ley y la protección de lo privado. Los avances tecnológicos nos permiten tener todo al alcance de nuestras manos; por esta razón, el sistema se ha vuelto más riguroso en cuanto a información personal se refiere. La autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad se presentan como derechos fundamentales; ambos relacionados con el tratamiento de información sensible de los ciudadanos. Estos muestran regulaciones tanto en el ámbito público como privado respecto a la protección de datos de carácter personal.
Durante mucho tiempo, se ha conocido que los grandes líderes han logrado manipular al pueblo brindando beneficios para la obtención de apoyo y votos. La información privada de una persona nunca deberá ser compartida. De otra forma, no estaríamos hoy celebrando vivir en un Estado “democrático”; por el contrario, eso facilitaría a los gobiernos la posibilidad de tomar decisiones adecuadas para tener las aprobaciones de distintos tipos de población; es decir, la mayoría de las decisiones estarían viciadas por la manipulación de información sensible que podría comprometer a la población a estar de acuerdo con ciertas decisiones, que de momento no han entrado quizá en debate; por el hecho de ser información restringida, si nos referimos directamente al orden público. En el caso que ocurriera un evento excepcional, el acceso a ciertos datos debería suministrarse bajo regulaciones y debería limitarse únicamente a eventos relacionados a la salud, podría dar a conocerse información como composición biomédica o genética únicamente con el fin de controlar la salud de los habitantes. Un ejemplo de esto sería la actual pandemia de COVID-19.
En conclusión, el acceso a datos personales debería ser conocido cuando así una situación de emergencia lo demande; únicamente con el fin de brindar protección a sectores de la población que cumplan con características especiales. Cuando esto no aplique se deberá en su máximo esplendor acudir al ordenamiento jurídico, para que este vele por la inviolabilidad de derechos fundamentales ligados a la protección de datos; con el fin de tener un Estado que se enfoca en una dirección de democracia y tolerancia para todos los habitantes del país y que, además, toma decisiones transparentes sin ningún vicio, que se sustente en la vida de los ciudadanos brindando al mismo tiempo la oportunidad a la población de ser individuos que tengan algo que ofrecer al Estado.
