La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado costarricense en su condición de víctima, presentó una querella y acción civil resarcitoria en la que se reclaman 10 millones de colones al alcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño; y su abogada, María Auxiliadora Alfaro Chacón, por el delito de tráfico de influencias agravado.
Según informó esta mañana la institución, el proceso penal se tramita bajo el expediente 16-3551-369-PE, seguido en la Fiscalía Adjunta de Heredia.
El caso tiene que ver con la influencia que realizó el Alcalde a policías municipales de Heredia para dejar en libertad al hermano de la abogada, tras una llamada que ella misma le realizó a Ulate. Según la acusación, tras esa llamada el Alcalde dio la orden a los policías de que lo dejaran en libertad y que cancelaran el procedimiento que estaban llevando a cabo.
"Los hechos que se querellan constituyen en grado de probabilidad, y en criterio de la Procuraduría de la Ética Pública, para ambos querellados y demandados constituyen un delito de tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; se atribuyen como consumados y en calidad de autores", detalló la PEP.
Además del proceso penal, la Abogacía del Estado reclama 5 millones de colones contra ambos imputados por el daño social derivado del hecho delictivo.
El proceso que sigue ahora es realizar las comunicaciones de las piezas interpuestas por la Procuraduría General de la República, lo cual se realizará en la Fiscalía Adjunta de Heredia, para luego remitir el expediente al Juzgado Penal de Hacienda para la realización de la audiencia preliminar, y decidir en ese momento si la causa penal se eleva a juicio.
