La Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) solicitó a la Procuraduría General de la República, ente que funge como Abogado del Estado, entablar una demanda contra las empresas Uber, inDriver y Didi por considerar que promueven y brindan de manera no autorizada el servicio público de transporte remunerado de personas, mediante aplicaciones móviles y plataformas tecnológicas.
A través de un comunicado de prensa, el ente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) afirmó que sus directivos pretenden con la demanda resolver el cierre definitivo de esas operaciones en el país, "ante la omisión de estas empresas de cesar sus operaciones pese a las solicitudes del Gobierno".
Asimismo la junta del CTP acordó solicitarle al regulador general de servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez, ordenar a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) proceder a bloquear en nuestro país Uber Technologies Inc. (bajo la aplicación “Uber”), In Driver (bajo la aplicación “In Driver”) y Didi Chuxing Technology Co (bajo la aplicación “Didi”).
De acuerdo con el director ejecutivo del CTP, Manuel Vega Villalobos, existe una gran preocupación por el riesgo que corren las personas a la hora de transportarse en un vehículo no autorizado, como por ejemplo el no tener las pólizas que lo cubran en caso de un accidente o incluso, viajar en unidades que no van a una revisión técnica dos veces al año, por lo que se desconoce su condición.
“Efectivamente ha sido reiterada la posición del CTP con respecto a la manera riesgosa en la que se moviliza la ciudadanía en estos vehículos que nos son oficiales, los cuales no sabemos si cuentan con la pólizas y Riteve al día, por ejemplo. Datos que tenemos nos indican que a nivel nacional hay alrededor de unas 50 mil personas se dedican al transporte ilegal, ya sea en automóvil, busetas, microbuses, motocicletas e incluso, algunos autobuses que ya cumplieron su vida útil se utilizan para la piratería, poniendo en riesgo la integridad de todas las personas”, indicó Vega.
Al mismo tiempo, mencionó Vega, son 11.400 personas concesionarias de taxi y sus conductores quienes se están viendo afectados desde los últimos 6 años por el incremento de los servicios ilegales.
Los registros de Concesiones y Permisos del CTP indican que entre los años 2000-2015 se devolvieron a la entidad 17 placas de taxi por año, en promedio. Entre el 2015-2018, 241 placas anualmente y entre el 2018-2020, 343 placas por año. De lo que llevamos de este 2021, ya se registran cerca de 30 placas devueltas.
Por su parte, la representante del sector de taxistas de la Junta Directiva del CTP, Leda Mora, quien llevó el tema a discusión en la sesión ordinaria 15-2021 celebrada el 23 de febrero, y que fue sometido a discusión mediante moción, indicó que desde hace varios meses se está trabajando en este tema.
“Estamos haciendo un llamado vehemente a los dirigentes que representan a las personas que conducen estos vehículos particulares inscritos en las distintas plataformas tecnológicas para brindar este servicio de forma ilegal, que no les ha sido autorizado por este Consejo, de abstenerse de fomentar esta actividad en perjuicio del sector autorizado en esta modalidad”, indicó Mora, quien agregó que se le está solicitando a las autoridades de Policía de Tránsito y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) intensificar sus funciones.
“Le pedimos a Tránsito que intensifiquen los operativos para combatir la prestación ilegal de servicios que brindan vehículos particulares a través de las plataformas tecnológica y este mismo llamado se lo hacemos a la Aresep, para intensificar las labores de sanción a los diferentes conductores de vehículos privados, que presten este servicio de forma no autorizada”, concluyó Mora.
