La cooperación internacional ha sido fundamental para los procesos de atención de la pandemia. Por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó cooperación financiera no reembolsable por un millón de dólares a cada país para atender la emergencia sanitaria. No obstante, muchos de estas iniciativas han recibido señalamientos relacionados a la opacidad.
Por lo tanto, se debe reconocer que el aumento de dichos esquemas de cooperación y demás donaciones generaron una necesidad de optimizar los canales de transparencia y de acceso a la información. Específicamente en dos elementos puntuales. Por un lado, la necesidad de cooperación internacional técnica para buenas prácticas en la apertura de datos y por otro; el desarrollo de capacidades instaladas para la digitalización de trámites.
Sobre la cooperación internacional técnica para buenas prácticas en la apertura de datos, en el escenario con las condiciones ideales, este momento resultaría clave apostar a cooperación internacional en términos de optimizar los canales de transparencia activa ya que indiscutible el impacto que experimentarán las finanzas públicas y la incidencia directa que esto tendrá en la sociedad, afectando servicios esenciales como la salud, la educación y los programas sociales.
Producto de la disminución de la actividad económica resultará vital que exista control ciudadano y una profundización del ejercicio de la rendición de cuentas de las instituciones del Estado. Además, es pertinente indicar que, con la aprobación de la guía para la apertura de datos, existe una mayor institucionalización de esta necesidad y además permite interpolar las buenas prácticas de entidades externas a la realidad nacional.
Sin embargo, el panorama de hoy al 2022 en términos de cooperación internacional para la apertura de datos una vez superada la pandemia es complicado. Principalmente en términos de determinar si desde las instituciones públicas es posible o no implementar acciones de cooperación internacional que generen capacidades instaladas en las instituciones con el fin de mejorar la gestión pública, la rendición de cuentas y transparencia.
Lo anterior fundamentado en que si bien la Política de Cooperación Internacional 2014-2022 incluye a la transparencia como una de sus pautas no se hace referencia explícita a la demanda de cooperación internacional acciones en esta materia.
Se torna más complicado de atraer cooperación en esta temática ya que el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Publica delega hasta cierta medida, la apertura de datos y el acceso a la información exclusivamente al proceso de gobierno abierto y no considera procesos en instituciones específicos.
En este sentido, la vinculación al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Publica es uno de los elementos medulares que se deben incluir en la justificación de un proyecto de cooperación internacional, ya que dicho instrumento indica las prioridades nacionales.
Sobre la apertura de datos, la Relatoría de Libertad de expresión de la OEA ha indicado acciones sustanciales sobre acceso a la información pública que podrían acoplarse e impulsarse por cualquier institución de Estado y que por la forma en que son propuestas podrían ser parte de estrategias cómo cooperación sur-sur. Sin embargo, de acuerdo con el sistema de gestión de la cooperación internacional del Mideplan, para finales del 2020 existían únicamente 7 proyectos reportados por las instituciones que estaba relacionados explícitamente al acceso a la información de los cuales 3 han sido rechazados o cancelados.
La pandemia generó que la ciudadanía reconsiderara nuevamente el valor que posee el acceso a información veraz pero el panorama para que el acceso a la información sea abordable dentro de las estrategias de cooperación internacional no posee el suficiente respaldo; por lo menos hasta el 2023 cuando se posea la nueva política de cooperación internacional, dependiendo además de cómo esta temática se fundamente dentro del plan nacional de desarrollo del próximo gobierno.
Un segundo elemento, es en términos de los procesos para la digitalización de trámites. De acuerdo con el Decreto 40.200 la información relacionada a trámites se considera información pública. Apartarla del concepto de apertura de datos no es del todo pertinente, pero, la curva de aprendizaje que se posee la digitalización de trámites supera en creces al resto de contenidos en esta materia.
Estos procesos poseen un mejor panorama político ya que la pandemia obligó a una pronta digitalización de una serie de servicios y que por lo tanto debe desarrollarse. Se debe reconocer que existen países con una mejor digitalización de procesos y que definitivamente el intercambio de conocimientos técnicos sería vital para ayudar a solventar una serie de áreas de mejora que dejó la digitalización acelerada de algunos procesos.
Cooperación para el acceso a información pública se refiere a de cooperación para el desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos canales de información relacionada a trámites de exportación permite una mejor toma de decisiones para Pymes y emprendedores que desean insertar sus productos en mercados extranjeros.
Asimismo, las diferentes instituciones gubernamentales tienen la oportunidad de implementar medidas para generación de valor público. El valor público se refiere a la relación de confianza entre ciudadanos y el Estado. Esta se cruza de forma transversal con un proceso de transparencia y rendición de cuentas constante; de forma que las personas puedan observar que las acciones y servicios estatales realmente están impactando en su calidad de vida.
Por esto ellos que se debe considerar que, la cooperación hacia temas de acceso a la información, resulta estratégica en términos de desarrollo económico, estratégica desde una perspectiva política pero compleja en términos de la institucionalidad que regula la cooperación hoy en día.
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