El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mario Ruiz Cubillo, anunció que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, adscrita al Ministerio de Salud, decidió instaurar la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 en el personal de salud.
Cubillo hizo la afirmación este viernes durante una conferencia de prensa virtual en la cual la CCSS anunció el inicio de un programa de cuatro fases para disminuir gradualmente la cantidad de camas hospitalarias destinadas a la atención de pacientes con coronavirus, debido a la caída en más de un 50% del promedio de casos diarios en el país desde finales de diciembre de 2020.
"Hago un llamado a toda la población: la vacuna en realidad salva vida, evita que las personas se enfermen de forma grave. La Comisión Nacional de Vacunas ha establecido que la vacunación es obligatoria y estamos a la espera de la notificación oficial para tomar las medidas correspondientes, bajo el entendido de que la vacuna salva vidas", señaló Ruiz.
Horas más tarde, la oficina de prensa de la CCSS precisó que la obligatoriedad de la vacuna será, por el momento, para el personal de salud.
Durante la conferencia de prensa de esta mañana el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, se refería únicamente al personal de salud. La obligatoriedad de la vacunación para cualquier grupo poblacional es competencia de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología adscrita al Ministerio de Salud.
Delfino.cr preguntó al Ministerio de Salud la fecha en que se adoptó el acuerdo en cuestión y está a la espera de una respuesta.
A finales de enero, la CCSS reportaba que cerca de 300 funcionarios de la institución se habían negado a colocarse la vacuna contra la COVID-19.
La Ley Nacional de Vacunación del año 2001 establece en su artículo 3 que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología es el ente encargado y facultado a establecer la obligatoriedad de una vacuna, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social.
Asimismo, la vacunación obligatoria ha sido revisada y declarada constitucional numerosas veces por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien entre otras cosas ha dicho que "el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades son fines constitucionalmente legítimos que justifican obligatoriedad".
