Célimo Guido Cruz, cabecilla del Movimiento Rescate Nacional, anunció este lunes que el grupo que lidera volverá a las calles a partir del lunes 15 de febrero para protestar contra la Ley de Empleo Público que se tramita en el Congreso y contra el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1750 millones.
En una conferencia de prensa en las instalaciones del Consejo Nacional de Producción (CNP), Guido señaló que es innecesario el crédito con el FMI por considerar que la vía correcta es usar las reservas del Banco Central de Costa Rica. Asimismo, se explayó en toda una serie de "argumentos" para justificar el retorno a la protesta, la cual dijo será "de forma pacífica".
En su discurso, Guido señaló falsamente que el Gobierno pretende vender "a bancos privados" la cartera de crédito de Conape y que eso dejará sin posibilidad de pedir préstamos a nuevos estudiantes, cuando la realidad es que el acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo Intersectorial es que dicha venta se le haga al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (el autodenominado Banco de los trabajadores), de modo que el único cambio que se dé es el lugar de pago de quienes ya tengan préstamos, al tiempo que quienes deseen pedir apoyo financiero puedan hacerlo en Conape, como siempre se ha hecho.
Asimismo, exigió la aprobación de una Ley contra la Corrupción en la función pública, pese a que la misma está vigente desde el año 2004.
Guido afirmó que "todas las organizaciones sociales" y "los desempleados" formarán parte de "la lucha social" que iniciará el 15 de febrero.
El Gobierno nos ha obligado a salir de nuevo a la protesta social.
El cabecilla del movimiento no detalló cuál será la dinámica que seguirán a partir de esa fecha y dijo que "será una sorpresa". Sin embargo, dijo que "no ve necesario" hacer "bloqueos en todos los cantones", pero que todo dependerá de la respuesta que dé el Gobierno de Carlos Alvarado.
Los dirigentes de Rescate Nacional se encuentran acusados penalmente por delitos de sedición, asociación ilícita, instigación pública, obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos, motín, atentado terrorista, incendio, explosión y otros, cometidos entre septiembre y octubre del 2020.
