La comparecencia del presidente Carlos Alvarado Quesada ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no debe ser del agrado de la inmensa mayoría de las y los costarricenses.
No porque se valore negativamente que el presidente fuera llamado a dar explicaciones, sino por cómo se desarrolló la comparecencia y el espectáculo que muchos legisladores, vienen montando desde que emergió el caso. Es importante que el Parlamento en un sano ejercicio de control político, valore en profundidad si desde la Casa Presidencial, se actuó incorrectamente al crear a la UPAD como una unidad de análisis de datos que fue creada con el propósito “de ayudar a tomar decisiones al presidente Alvarado”, tal y como se ha indicado oficialmente.
Sin embargo, cómo han venido actuando la mayoría de partidos y diputados, se pone en evidencia la graveded de la crisis política que enfrenta el país en el año de su bicentenario. Lo que debía ser un proceso y un acto de la mayor seriedad (la comparecencia en el recinto legislativo del presidente de la República), lo convirtieron en espectáculo deplorable que les deja muy mal parados.
En primer lugar, es necesario dimensionar con objetividad el alcance la privacidad de datos en un presente donde las gigantescas empresas tecnológicas, han alcanzado una penetración tan amplia y profunda en los datos de los usuarios, que deja a las y los ciudadanos en estado de indefensión al utilizar las redes sociales.
La anulación de cuentas de usuarios de las redes, a partir de justificadas razones también puede dar paso a abusos y discriminación que anule cuentas por ideas que no sean aceptadas por quienes dirigen esas redes sociales, que aunque sus dueños son empresas privadas su repercusión en el mundo de hoy, alcanzó un amplísimo impacto público. De esta manera, estas redes no sólo pueden acceder —como lo hacen a información privada y datos íntimos de las personas— sino que pueden convertirse en censores que violen el derecho de la libertad de expresión y pensamiento.
De ahí que ya en distintos países, diversas voces estén planteando la necesidad y urgencia de regular a esas megaempresas tecnológicas, para evitar que se pongan por encima de los Estados en acciones que violen los derechos de los ciudadanos.
Empero en ningún momento, los diputados protagonistas de la comparecencia presidencial dedicaron alguna crítica al rol censor que puedene ejercer —y que ya están ejerciendo— esas redes sociales, cuya omnipresencia y amplísimo peso, forman parte de la realidad actual de las sociedades y los países.
Hay sin embargo, otra situación más grave aún en el contexto de esta comparecencia: El país enfrenta —como nunca antes— los efectos de una devastadora pandemia que ha generado una crisis múltiple, en los ámbitos: sanitario, económico, social, cultural y político. Se trata de una crisis que preocupa a millones de costarricenses por el empobrecimiento que ha generado y genera, y porque no ha encontrado ni por parte del Gobierno del Presidente Alvarado, ni casi la totalidad de las diputadas y diputados, respuestas adecuadas y eficaces para enfrentarla.
Cuando el país ha requerido y requiere en forma urgente, visión y políticas de Estado; lo que ha venido ganando la partida son pequeñas políticas, que responden a intereses de grupos económicos y políticos minoritarios. Tristemente —es bueno decirlo con franqueza— muchas de ellas obedecen a ocurrencias e improvisaciones de legisladores, cuya mayor preocupación es alcanzar notoriedad aunque sea efímera y superficial. Cuando el país necesita políticas patrióticas de luz larga, las que están emergiendo no alcanzan ni para la luz de “parking”.
La multi-crisis pandémica demanda madurez, sabiduría y unidad nacional, pero al ser este 2021, un año electoral, lo que emerge con mayor fuerza, es la proliferación de intereses grupales politiqueros y la desunión para encarar las impostergables respuestas de solución, que nos lleven a una reactivación económica, inclusiva y solidaria.
También cabe subrayar que el deplorable espectáculo legislativo montado, tiene un costo económico que se carga al debilitado erario público del país. Pero sobre ese “detalle” tampoco hay consciencia en el recinto legislativo.
La indignación ciudadana ante este deterioro de lo que dicen y hacen los actores políticos que están marcando la distorsionada agenda política del presente, debe ser canalizada no sólo mediante el rechazo comunicacional sino a través de una participación política activa, que contribuya a cambiar el rumbo del país hacia la inclusión social y la solidaridad. El bicentenario nos lo demanda como nación.
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