El 27 de enero la comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa decidió hacer espacio para perder y ensuciar el tiempo. Víctor Morales (PAC) Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y David Gourzong (PLN), Aracelly Salas y Rodolfo Peña (PUSC) y los independientes Jonathan Prendas, Dragos Dolanescu y Zoila Rosa Volio, votaron una moción presentada por Prendas, para el proyecto de Ley Marco de Empleo Público. La moción pretende que los empleados públicos puedan negarse a recibir capacitaciones que consideren contrarias a sus ideas religiosas o “éticas”, mediante una “objeción de conciencia”. Solo la diputada Volio votó en contra ¡Bien por ella!

Perdieron el tiempo porque eso no va a pasar, a menos que la actual Asamblea Legislativa quiera pagar el precio de la vergüenza. Lo enlodaron, porque trataron de abrir la puerta a la discriminación, una vez más. Jonathan Prendas por lo menos es consecuente con sus ideas y las de su grupo político, pues ellos han convertido la división social y la discriminación en su bandera. De los diputados del PUSC y de Dolanescu puede esperarse, la única vida que parece interesarles es la que aún no se ha dado, a Víctor Morales debería abrirle causa el Comité de Ética del PAC y Liberación Nacional debería hacer lo propio con sus tres diputados.

Se hace objeción de conciencia ante la guerra, el servicio militar, el homicidio, el maltrato humano; efectivamente es un derecho, pero no se justifica su invocación cuando el propósito es dividir a las personas y estropear la calidad del trabajo público.

Un empleado público no puede negarse a ser mejor en su materia, el servicio público. No me hago barista si mi religión no me permite tomar café, no me hago maestra de religión si soy agnóstica, no me hago empleada pública haciendo reservas frente a ciertos grupos sociales, pues también son parte de la sociedad a la que debo servir. Estas conductas van contra la ética profesional.

Una sociedad debe respetar al intolerante solo en la medida en que este y su intolerancia no atenten contra la misma sociedad o contra parte de ella, esto lo explicó bien Karl Popper en su obra La Sociedad Abierta y sus Enemigos, de 1945, en la que expone esta paradoja de la tolerancia. La moción de Prendas busca precisamente acabar con la tolerancia. Aunque Fabricio Alvarado se rasgue las vestiduras y diga molesto con los que se oponen al intento del diputado: “… un caso más de los intolerantes exigiendo tolerancia”, esto es pura mala fe, porque él no ha ocultado nunca su deseo de tratar a la población LGBTIQ de manera discriminatoria, aunque sus intentos para lograrlo sean tan erráticos como este.

Además, la lamentable moción supone que las directrices públicas en cuanto a capacitación pueden suponerse antiéticas antes de que estas sean emitidas, lo que evidencia el intento de mancillar reivindicaciones sociales ya alcanzadas.

Una ética individual y subjetiva no tiene sentido, tampoco la de un grupúsculo dogmático, pues la ética tiene que ver con nuestra realidad de seres sociales, con nuestra conducta en sociedad y con la necesidad de alcanzar la armonía social. Lejos de esto, muy lejos, está el ánimo de Prendas y su gente.

Así que no, la moción de Jonathan Prendas y sus secuaces (Morales, Gourzong, Chacón, Fonseca, Peña, Salas y Dolanescu), no es ningún “gran paso en aras de la justicia social”, como afirmara el diputado que la propuso, es más bien una aberración.

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