La Contraloría General de la República (CGR) rechazó la solicitud de reconsideración presentada por la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, para prorrogar el contrato de tobilleras de monitoreo electrónico que ese ministerio mantiene con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Según consta en el oficio, la solicitud de Justicia fue rechazada por inadmisible, ya que la solicitud que hizo el Ministerio de Justicia no existe en la normativa aplicable al caso, por lo que la Contraloría le recordó al ministerio que “no existe regulado en la normativa de contratación administrativa, recurso o impugnación alguna contra la denegatoria de una solicitud de autorización planteada ante este órgano contralor”.
Adicionalmente, en un comunicado de prensa, la Contraloría le recordó al Ministerio de Justicia que:
La correcta planificación y la oportuna presupuestación de un contrato público es responsabilidad exclusiva de la Administración. Pretender que severos problemas en esos aspectos de la gestión deba solventarlos ahora la Contraloría, siendo una gestión tardía (a unas semanas de vencer el contrato) e incompleta (no tienen dinero) no es pertinente”.
El oficio detalla una serie de errores y atrasos en la gestión realizada por el Ministerio de Justicia para prorrogar el contrato con la ESPH, entre los que se incluye pedir la prórroga sin contar con los recursos presupuestarios necesarios, bajo el argumento de que la prórroga se diera condiciona a la aprobación de un presupuesto extraordinario, que todavía está en trámite en la Asamblea Legislativa, por lo cual la Contraloría manifestó su preocupación ya que esa solicitud es contraria a la legislación en temas de contratación administrativa, y añade que:
No se comprende, por qué si era de conocimiento que no se contaba con los recursos suficientes para dar continuidad al servicio desde la tramitación del Presupuesto Nacional para el año 2021, se ha pretendido tramitar una gestión de contratación que carece de disponible presupuestario, siendo hasta el 03 de febrero que se remite solicitud de presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa”.
Además, sobre la importancia del servicio, el oficio señala que desde marzo del 2020 (en el documento MJP-168-03-2020) la ministra de Justicia manifestó que se previa el inicio del proceso licitatorio para el primer cuatrimestre del 2020, pero la solicitud de prórroga se dio poco tiempos antes de la finalización del contrato, por lo que la Contraloría señaló que “no se logra comprender cómo es que esa Administración no previó todas las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio, tomando en consideración lo inminente de tener que promover un procedimiento ordinario de contratación administrativa”.
El oficio fue firmado por Allan Roberto Ulagde Rojas, jefe de la División de Contratación Administrativa, David Venegas Rojas, fiscalizador y Fernando Madrigal Morera, asistente técnico.
