El Consejo Nacional de Rectores (Conare) presentó el día de hoy un compromiso firmado por los cinco rectores de las universidades públicas del país. En el documento se dan a conocer las medidas que tomarán para reformar el sistema salarial universitario, esto con el fin de que se les deje por fuera del proyecto de ley de reforma al empleo público (expediente 21.336).

Según aseguró el rector de la Universidad Nacional y actual presidente de Conare, Francisco González Alvarado, el compromiso firmado cuenta con el respaldo de los consejos universitarios y las federaciones de estudiantes de las cinco casas de estudio.

Dato D+: Los cinco rectores son Gustavo Gutiérrez Espeleta (UCR), Luis Paulino Méndez Badilla (TEC), Rodrigo Arias Camacho (UNED), Emmanuel González Alvarado (UTN) y Francisco González Alvarado (UNA).

Según señala el documento firmado las universidades se comprometieron a:

  • Dar prioridad al análisis de los sistemas de empleo universitario ya iniciados, con el propósito de garantizar su racionalidad sustantiva y proporcionalidad para asegurar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas en el corto, mediano y largo plazo, y el uso más eficiente de los recursos disponibles.
  • Reafirmar el compromiso del Consejo Nacional de Rectores de iniciar de inmediato la articulación de una propuesta de un régimen de empleo universitario para el Sistema de Educación Superior Universitario Estatal.
  • Asegurar que el régimen de empleo universitario responda a los principios estipulados en la Constitución Política, los Estatutos Orgánicos universitarios y las leyes en estas materias, así como a la racionalidad sustantiva, para que este fortalezca la inversión en las áreas claves del quehacer universitario como lo son la docencia, las becas, la vida estudiantil, la investigación y la extensión social universitaria, preservando la esencia y la autonomía universitaria y su sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo.
  • Conformar una comisión integrada por cuatro representantes de cada una de las universidades públicas, para que entregue dicha propuesta al Consejo Nacional de Rectores en el plazo de un año para su envío a los consejos universitarios e institucionales para los fines correspondientes.

En la conferencia de prensa, González aseguró que el proyecto 21.336 lesionaría la autonomía universitaria, al asignar un ente rector (Mideplan) que definiría la normativa de empleo y contratación para las universidades y añadió que “nosotros no podemos reconocer que una instancia técnica tenga ese nivel de control en un sistema universitario, que por más de 70 años ha sido valuarte en el desarrollo y aporte de este país", aseguró González.

Adicionalmente, González señaló que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) ya realizó ajustes importantes en relación a las remuneración y que las universidades han acogido esas limitaciones en temas salariales y han aplicado los límites de crecimiento que establece la regla fiscal, a pesar de mantener acciones legales contra la aplicación de esa ley en las universidades públicas.

Dato D+: Las universidades públicas han presentado acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley 9635 por incluirlas en el tema de la aplicación de las reformas a empleo público y la regla fiscal, así como contra el decreto regula la Ley  9635 en el tema salarial, contra el cual también han interpuesto demandas en el tribunal contencioso administrativo.