• Se identificó la existencia de 17 personas incluidas en la lista de funcionarios, que no se encontraban reportadas como trabajadores del Hogar Carlos María Ulloa.

La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó al Ministerio de Salud el hallazgo de inconsistencias en la lista de vacunados contra la COVID-19 en el Hogar Carlos María Ulloa, un centro privado de residencia de larga estancia de adultos mayores y lugar donde inició la campaña de vacunación contra la COVID-19 el 24 de diciembre de 2020.

La Auditoría Interna detectó que la información aportada por el hogar a la Caja no se ajustó a lo establecido en los lineamientos y criterios definidos por la Comisión Nacional de Vacunas.

En detalle, el 29 de diciembre de 2020 el Ministerio de Salud comunicó a la Caja que el Carlos María Ulloa disponía de 171 funcionarios. No obstante, el listado de personal aportado el 30 de diciembre de 2020 por el centro registró un total de 188 funcionarios.

Además, en la lista proporcionada se observaron nombres de personas que no están registradas en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la CCSS como funcionarios de la Asociación Hogar Carlos María Ulloa.

De acuerdo con los datos extraídos del Sistema Integrado de Información en Vacunas (SIVA), correspondientes al Área de Salud de Goicoechea 2, al 29 de enero de 2021 se identificó la existencia de 17 personas incluidas en la lista de funcionarios, que no se encontraban reportados como trabajadores del Hogar Carlos María Ulloa.

Asimismo, la Auditoría Interna observó en este grupo personas que no reportan cotizaciones como funcionarios asalariados del centro de larga estancia. Incluso figuran en la lista trabajadores de otras organizaciones, cuyo trabajo sí está dedicado a la mejora en la calidad de vida e inclusión de grupos poblacionales específicos, pero no forman parte de la planilla del Hogar Carlos María Ulloa.

La CCSS señaló que no existe claridad de la razón por la cual fueron incluidos como miembros del grupo 1 de priorización para recibir la vacuna y más aún, como trabajadores del centro.

La presentación de hechos se hizo ante el Ministerio de Salud porque la función de la Caja en la estrategia nacional de vacunación es aplicar las dosis a las personas que el centro privado o la organización, incluida en la primera línea de atención de la pandemia, reconozcan como trabajadores bajo los criterios de priorización realizado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que preside el ente rector.

La auditoría reportó al Ministerio que los hallazgos incumplen lo establecido en el “Manual de Procedimientos para la ejecución de vacunación contra COVID-19 en los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social”, mediante el cual se definió grupos de riesgo y su priorización.