Siempre he dicho que las Municipalidades son las instituciones públicas con mayor potencial para mejorar la calidad de vida de las personas. Lejos de pensarlo desde mi visión de desarrollo local o basada en los territorios, he llegado a esta conclusión acompañado de que la misma normativa municipal así lo establece. Si bien, no lo hace expresamente, si vemos los artículos 4, 13 y 17 del Código Municipal, que establecen las atribuciones de los gobiernos locales y sus órganos superiores, así como otras leyes especiales, se le encomiendan competencias a las corporaciones municipales en una gran variedad de materias. En palabras sencillas, esto implica que una municipalidad puede realizar acciones en materia de salud, educación y trabajo, pero también sobre democracia, paz, ambiente y prácticamente cualquier otro ámbito esencial para el desarrollo humano integral.

Pero yo lo entiendo más allá: las municipalidades son las instituciones públicas que más pueden promocionar y garantizar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Sin embargo, para ello se requiere visión y acción estratégicas, transversales a su funcionamiento y a todo nivel. Las municipalidades tienen 3 grandes ámbitos donde deben enfocarse para lograr lo anterior:

  • Autoridades políticas y personas tomadoras de decisión comprometidas con el respeto a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.
  • Personal capacitado y convencido de la función pública con enfoque de derechos humanos y desarrollo sostenible.
  • Personas munícipes educadas y sensibilizadas en la materia.

Lo anterior, no es tarea menor. No es sorpresa que una parte importante de la población perciba a las municipalidades como las instituciones que le “recogen la basura” y le “hacen un cobro por sus propiedades” (el impuesto sobre bienes inmuebles) todos los años. No obstante, ante los desafíos, no hay más que oportunidades. Las opciones son miles —literalmente— y están al alcance de todas las municipalidades, sin importar el tamaño de su presupuesto y de la población por la que deben velar. Máxime, si se gestiona sacando provecho a la autonomía que le otorga la Constitución Política a las municipales, pero de la mano de la coordinación interinstitucional e intersectorial.

La revisión de la normativa vigente para incorporarle el enfoque de derechos humanos y el componente ambiental, así como garantizar que la nueva regulación sea respetuosa de aquellos; potenciar la participación de las personas habitantes del cantón en la toma de decisiones; accionar con enfoque de desarrollo sostenible democrático; concebir su funcionamiento con igualdad y equidad en todos los sentidos; y/o ser una institución absolutamente respetuosa de la dignidad humana de las personas, la interacción ética con la naturaleza y acuciosa en el cumplimiento del ordenamiento jurídico y la justicia, son acciones que desde cada espacio de una municipalidad, sin lugar a dudas, mejorarán la calidad de vida de las personas y del entorno natural en el que viven.

De ahí en adelante, contemplando las potencialidades y retos particulares de cada territorio, solo queda un camino virtuoso en cuanto al goce pleno y universal de los derechos humanos y a vivir en armonía con la “casa común”, el Planeta Tierra: una decisión que descansa en las manos de las autoridades políticas locales, el personal municipal, pero, y sobre todo, de las personas munícipes.

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