Hace 28 años escribí mi tesis doctoral sobre el tema de la transición de Costa Rica del modelo de desarrollo basado en sustitución de importaciones y exportaciones tradicionales, que aplicó Costa Rica entre 1954 y 1983 con relativo éxito, al que ya en 1992 se vislumbraba como un gran éxito: el modelo de promoción y diversificación de exportaciones, uno de cuyos pilares era el naciente régimen de zonas francas.

Quizás por haber escrito mi tesis en este campo, siempre le he seguido muy de cerca la pista a tres instituciones: el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde). En mi opinión, estas tres instituciones, en conjunto, han sido lo mejor del Estado costarricense a lo largo de los últimos 35 años en que se han constituido en el combustible de un motor de crecimiento, modernización y diversificación de exportaciones y mercados para nuestro país.

Hay otras instituciones y empresas involucradas en esta dinámica, como son la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) y por supuesto un número importante de empresarios nacionales y extranjeros que han invertido para crear las plataformas de infraestructura, energía, conectividad y capital humano que se requiere para atraer a las empresas internacionales, bajo el régimen de zona franca, a nuestro país.

Tal vez por eso mismo me tomo casi a título personal cuando este régimen es atacado con poco conocimiento de causa o, peor aún, con intenciones claramente ideológicas y políticas, como siento que fueron un reciente artículo y portada en el Semanario.

El aporte de las zonas francas

En primer lugar, seamos claros de algo. Estas “exoneraciones” —así, entre comillas— no nos cuestan en términos de recursos públicos, porque si las empresas no vinieran del todo, los montos que se dicen exonerados tampoco entrarían en las cuentas fiscales del gobierno y municipalidades. No son transferencias, ni recortes de ingresos. Creo que hasta es una mala práctica llamarle exoneraciones a incentivos que se otorgan para que dichas empresas internacionales vengan al país ¿Cómo se puede exonerar algo que nunca se iba a pagar de todas maneras?

Los otros costos que existen de establecer las zonas francas, determinados por el riesgo de invertir en crear las plataformas sobre las que estas empresas se establecerán, es un riesgo privado; asumido por aquellos empresarios que invierten para servir como anfitriones a empresas internacionales que se pueden beneficiar, si se llegan a instalar, de las condiciones de hospedaje que el país. En muchos casos, como el de Intel, la plataforma es desarrollada por el mismo inversionista extranjero. No hay inversión de recursos públicos en estas plataformas y, si por falta de competitividad nacional quedaran vacías, serían los empresarios los afectados y no nuestras cuentas fiscales.

En el nivel más alto, las empresas de zonas francas aportan al país capital en moneda dura, empleos generalmente más modernos que los disponibles localmente; desarrollo de encadenamientos de alto valor para proveedores locales; acceso a nuevos mercados a los que dichas empresas van a exportar sus bienes y servicios; acceso a nuevas tecnologías productivas previamente inexistentes en el país; nuevos métodos y culturas de producción que modernizan nuestra fuerza laboral y sus prácticas; nuevos estándares de producción —mejores o cuando menos diferentes de los vigentes localmente—; buenas prácticas de producción en términos de seguridad; y estándares ambientales más altos que los que dominan la producción nacional.

Todo lo anterior es importante porque, aún si saliéramos tablas en términos económicos; por las razones apuntadas, el régimen valdría la pena.

Una buena parte de estos beneficios no se cuantifican, pese a que posicionan el país en el mundo como proveedor de bienes y servicios de exportación, y le abren a exportadores e importadores locales nuevas rutas y oportunidades de comercio en el mundo.

En general las zonas francas generan cerca de 200,000 empleos directos e indirectos, a través de cerca de 400 empresas acogidas al régimen y más de 11.000 encadenamientos con empresas locales que les proveen de materiales y servicios. De esos 200,000 empleos unos 130,000 son directos y 70,000 son indirectos, lo que representa una alta proporción —11,4%— del empleo formal en el país; que se estima en este momento de alto desempleo en 1,750,000 personas. En las zonas francas el empleo femenino es 43% del empleo total, 5% por arriba del promedio en las empresas del país, contribuyendo así también a la equidad. Y todas estas cifras son de 2019, lo que implica que han crecido, pues el 2020 fue un año de éxito en la atracción de inversiones al país.

Pero para nuestra fortuna las zonas francas aportan mucho más. Por ejemplo, el salario promedio de los empleados de zona franca supera significativamente los salarios promedio del país, lo que quiere decir que sus empleados ganan más que el costarricense promedio —excepción sea hecha de los salarios inflados de empleados públicos privilegiados por convenciones colectivas abusivas y beneficios injustificables y claramente desproporcionados—.

Con base en esos salarios, las zonas francas aportan una proporción importante a los recursos que sostienen nuestro régimen de seguridad social y pensiones (CCSS) de capacitación técnica (INA), ahorro (BP), de contribuciones al combate a la pobreza (Fodesaf e IMAS) y de seguros laborales (INS); llegando a representar hasta aproximadamente el 13% de los ingresos por contribuciones de la Caja y aproximadamente 15% de las contribuciones al INA, pese a que dichas empresas son también las que —proporcionalmente—  más invierten en capacitación de su personal y aún en capacitación de docentes de universidades y otros centros de capacitación. Así, el régimen de zona franca aporta recursos por encima de la proporción que representan del total de las empresas y del porcentaje que representan de la fuerza labora formal del país.

Su contribución total al Producto Interno Bruto (PIB) fue, en 2019, de 5,218.7 millones de dólares estadounidenses, compuesto por compras a proveedores locales; salarios, beneficios y cargas sociales pagados a los trabajadores del régimen; impuestos de renta pagados por los trabajadores como contribuyentes locales que son; canon pagado a Procomer e impuestos de ventas y renta sobre las pequeñas ventas locales que realizan. Esto representa el 8,4% del PIB nacional.

En el balance económico neto; o sea tomando en cuenta solo las diferencias entre lo actuado por las zonas francas y lo que hubiera costado sin exoneraciones de ningún tipo, según las cifras de 2019, las zonas francas aportaron $1,792 millones en compras a empresas locales; $527.2 millones entre diferencial pagado en salarios directos e indirectos, diferencial de las cargas sociales y de los impuestos de renta que pagan sus empleados directos e indirectos, más un canon de $18 millones pagado a Procomer y $11 millones de algunos impuestos menores que se pagan en sus cadenas de valor.

En total en 2019 el país recibió de las zonas francas $2017 millones de dólares como retorno por las exoneraciones concedidas —que como ya dijimos no son tales pues no se contabilizarían del todo si dichas empresas no se hubieran instalado en el país—, contra una inversión de $5,4 millones de dólares netos en el costo de administración del régimen. En otras palabras, las zonas francas le rindieron al país en 2019 $2011.6 millones de dólares netos. Y aún si se insistiera en darle valor de inversión nacional a las exoneraciones, el valor total creado por las zonas francas en 2019 fue 1,39 veces lo no recibido en impuestos y tarifas, haciendo que las zonas francas sean un creador neto de riqueza para el país cada año que operan en él.

Por encima de todo lo anterior, las zonas francas han sido un importante catalizador de la modernización productiva de Costa Rica. Por ejemplo, el impacto de la inversión de INTEL, por sí sola, fue un gran “posicionador” para el país como destino de inversiones de tecnología y manufactura avanzada que nos ha llevado a que hoy nuestras principales exportaciones no sean ya café y banano; sino implementos médicos y equipos o componentes electrónicos.

También las zonas francas han generado un gran componente de exportaciones en servicios de valor agregado que le han permitido al país ser centro de operaciones de algunas de las más grandes e importantes empresas del mundo.

A casi todos —salvo algunas mentes retorcidas por ideologías obsoletas— nos encanta el hecho de que INTEL, Hospira, Boston Scientific, Amazon, McKinsey, y muchas de las marcas más prestigiosas a nivel mundial en sus respectivas industrias, tengan operaciones en el país y además crezcan continuamente. Siguen apostando a Costa Rica, atraídas por ventajas de hospedaje que no son determinadas por las exoneraciones —que muchos países ofrecen y con menores cargas sociales—, sino por la calidad, capacidad de aprendizaje y adaptación de nuestros recursos humanos, productividad creciente, y hoy por el hecho de ofrecer una plataforma estable, con seguridad jurídica y un marco institucional en el que pueden creer.

De ninguna forma debemos, ni ahora ni nunca, poner en riesgo este gran motor de la economía nacional por las calenturas ideológicas de mentes que buscan imponernos ideologías ya de sobra probadas destructivas en el mundo y la región.

Y esa es la pura verdad sobre las zonas francas.

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