En la llamada antigua normalidad, nuestras sociedades se habían acostumbrado a desequilibrios peligrosos para la paz y el progreso. Ahora, desde las crónicas de la pandemia, entendemos mejor que el paradigma de desarrollo anterior generó exclusiones, inequidades e innecesarios sufrimientos entre los más débiles que ponen en peligro también la salud y el bienestar de quienes somos más afortunados. En este sentido la pandemia nos recuerda las palabras de J.F. Kennedy cuando decía: “si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos pobres, no puede salvar a los pocos ricos”.
No puede ser el mercado —que tiende a enfocarse en maximizar el lucro— quien se encargue de decidir sobre estos temas: es necesario cambiar el sistema de incentivos y regulaciones.
Sobre ello pensaba extenderme en la columna de hoy, sin embargo, prefiero atender aquí comentarios que me llegaron acerca de mi columna anterior, cuando ilustraba el mismo punto, a partir de la gran diferencia entre los precios de un mismo medicamento entre Guatemala y Francia. Varios señalaron a los factores estructurales de los países menos desarrollados —debilidades políticas, fiscales, de escasa vigencia del estado de derecho, corrupción, etc.— como las causas principales de esa asimetría.
Si bien dichas debilidades seguramente explican muchas de las razones del problema, no me quedo satisfecho con que sean la única explicación; pues no me parece que en el resto del mundo se haya logrado garantizar la salud universal como un derecho.
De muestra un botón: hace pocos días en Estados Unidos, un amigo tenía programada una cirugía de alta complejidad, para la cual ya llevaba recorrido su camino de trámites administrativos con servicios de salud y seguros médicos. Sorpresivamente, en vísperas del día de la cirugía, en lugar de enviar al hospital una carta de garantía de pago, la compañía de seguro envió a mi amigo la notificación de la cancelación inmediata de su póliza. En ese país, como en muchos otros, las regulaciones y el sistema de incentivos permiten a una compañía aseguradora cancelar una póliza cuando la considere muy onerosa, esgrimiendo razones formales y la letra chiquita de la póliza. La operación se retrasó unos días, pero pudo realizarse exitosamente, gracias a una norma todavía vigente de Obamacare, y a un cirujano generoso y solidario que decidió no cobrar.
Para que nuestras sociedades se doten de mecanismos que garanticen que nadie se quede atrás, son necesarios cambios radicales, a partir de la misma manera con la que medimos las cosas.
A este propósito, PNUD ha lanzado el Informe de Desarrollo Humano 2020, que sugiere incluir en la medición, también las presiones planetarias que cada país origina. Es decir que, al medir también la huella ecológica y presiones sobre el ambiente, ocurre que el país que encabeza la clasificación de ingresos per cápita —Luxemburgo— y que mostraba un índice de desarrollo humano que lo ubicaba en el lugar 21 del mundo, cae al lugar 152 de 189 países, también se desploman Singapur, Australia y USA que pierden 92, 72 y 45 posiciones respectivamente y hasta Islandia, Finlandia y Noruega pierden entre 26 y 15 posiciones.
No es un tema de norte o sur: necesitamos un cambio de paradigma que genere nuevas políticas. En las próximas entregas veremos como una renovada Gestión Pública, más justa y equitativa, puede ayudar a implementar este cambio.
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