Por Joselyn Acevedo Bojorge – Estudiante de la carrera de Contaduría
“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”
-Paul Auster
La justicia, como principio moral, engloba una serie de valores que dictan la manera en la que se debe actuar o juzgar a una persona respetando lo que se considera como correcto. Por su parte, la justicia social hace referencia a la correcta distribución de cargas y beneficios dentro de la sociedad. La justicia económica como pilar fundamental en la sociedad debería ser un intento por derribar, o bien reducir, la brecha de inequidad que existe en los ámbitos culturales y de educación como consecuencia de equiparar la brecha económica en Costa Rica, no a manera de pensamiento comunista, sino más bien para asegurar una mejor distribución de oportunidades sin necesidad de caer en ideologías equivocadas.
Primeramente, el ámbito en el que la brecha es más ancha es el económico y es hacia donde los primeros objetivos se dirigen. Cuando se habla de justicia social es necesario entrar en ordenamientos políticos y jurídicos. En este caso el papel debe ser asumido por el gobierno, en donde los focos de atención deben radicar en crear planes de reactivación económica, generación de empleos y velar por el cumplimiento de las obligaciones por parte de las organizaciones y ministerios encargados de esta parte. Según el Informe del Estado de la Nación (Consejo Nacional de Rectores,2019), la pobreza y desigualdad económica se deben a la escasez de empleos. El 80% de ingresos en los hogares proviene de remuneración laboral, y el desempleo sigue en aumento. Al cierre de 2019, la tasa fue de un 12,4%, según la Encuesta Continua de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2019). Es importante que el gobierno trabaje en métodos que reactiven la economía costarricense para asegurar la justicia social.
Por otro lado, es importante destacar un significativo aporte en el que Aristóteles mencionó que resulta injusto tratar a los desiguales en mérito como iguales dándoles los mismos bienes (Pérez, s.f). Luis Pazos, un famoso abogado y economista, y también autor del libro “Justicia Social Injusta”, comparte la posición de Aristóteles y menciona que la justicia social es una contraposición a la justicia a secas, ya que se estaría violando un derecho humano: el de la propiedad.
También advierte que quitarle a quienes más tienen para darle a los que menos tienen es –de alguna forma- legalizar el hecho de quitar y despojar de sus bienes a quienes producen, pues se estaría nutriendo una burocracia improductiva (Pazos, 2019). Sin embargo, la justicia económica, más que una manera de asegurar el esparcimiento equitativo de bienes, busca integrar dentro de la sociedad a las poblaciones más vulnerables con sus efectos colaterales, tales como el incremento de oportunidades para invertir en educación y la disponibilidad de recursos para la inclusión de programas de carácter económico y social dirigidos a seguir cerrando la brecha económica ya existente.
En conclusión, justicia —en este contexto— no significará quitarles a los grandes para darle a los chicos, si bien es cierto que a corto plazo habrá que asumir cierto riesgo y consecuencias como fluctuaciones en la economía interna. El plan de fortalecer y velar por que la justicia económica sea un hecho en Costa Rica es una solución que propone, además de distribución de oportunidades, la integración de los grupos marginados por la misma sociedad. El compromiso por parte del gobierno debe ser evidente, ya que la buena planificación de la distribución de recursos a invertir será clave para enrumbar a Costa Rica por el camino de la justicia económica y social: no quitarle a los que más tienen, sino trabajar de la mano con ellos.
