La costarricense Elizabeth Odio Benito de 81 años de edad no optará por aspirar a un nuevo periodo como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Así lo confirmaron a Delfino.cr fuentes con conocimiento del tema.
Odio fue electa en 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como alta jueza del Tribunal Interamericano con sede en Costa Rica para el período 2016-2021; y fue electa presidenta de la Corte para el periodo 2020-2021. Su mandato finalizará el 31 de diciembre de este año, según confirmó la oficina de prensa de la Corte Interamericana.
Odio Benito es licenciada en Derecho y notaria pública por la Universidad de Costa Rica; tiene una trayectoria de más de 50 años en la defensa de los derechos humanos y el trabajo por la justicia a nivel internacional; fue jueza de la Corte Penal Internacional (2003-2012) y del Tribunal Penal Internacional ad hoc para la antigua Yugoslavia (1993-1998).
En Costa Rica fungió como vicepresidenta de la República con el presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; ministra de Justicia, Procuradora General, Ministra de Medio Ambiente y Energía; Embajadora Representante Permanente ante Naciones Unidas y Embajadora Jefe de Delegación ante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Viena; entre otros cargos a nivel nacional e internacional.
La jueza costarricense se convirtió en la segunda mujer en ocupar el más alto cargo del Tribunal internacional, en sustitución del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.
Para llenar la vacante que dejará la jueza, el Gobierno de Costa Rica impulsará la candidatura de la actual magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández López. La Asamblea de la OEA escogerá a cuatro de los siete integrantes del Tribunal para los próximos seis años.
Hernández es una jurista con más de 30 años de experiencia judicial, profesora universitaria, especialista en derecho constitucional, derechos humanos y derecho público. Ha participado en la elaboración de proyectos de ley en materia de derechos humanos como la primera Ley sobre SIDA en Costa Rica, el Código de la Niñez y la Adolescencia, protección de víctimas y testigos, control de armas y violencia de género.
Se ha caracterizado por tener posiciones progresistas en casos analizados por la Sala Constitucional en temas de derechos humanos como el matrimonio igualitario, paridad horizontal a favor de los derechos políticos de la mujer, contra la tortura y el abuso policial de personas detenidas; combate a la discriminación, libertad de expresión, derechos de los pueblos indígenas, acceso a la salud, entre otros.
Hernández inició su trabajo en la Sala Constitucional en 1992 como letrada del expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodolfo Piza Escalante (q.d.e.p.), y luego con el magistrado y presidente de la Corte, Luis Paulino Mora Mora (q.d.e.p.) en 1999.
Ha presidido la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Poder Judicial por más de cuatro años y en diciembre de 2013 fue electa magistrada propietaria de la Sala Constitucional por un periodo de ocho años.
Hernández ha recibido diversas distinciones a lo largo de su carrera, entre ellas el Certificado al Mérito con ocasión del decimoquinto aniversario de la Sala Constitucional; Certificado al Mérito Judicial en 2012; el premio Búho de la Escuela Libre de Derecho a los defensores de la libertad en 2014 y más recientemente un reconocimiento de la Embajada de los Estados Unidos de América y el National Center for State Courts por el trabajo en pro del fortalecimiento del sistema anticorrupción del Poder Judicial.
Nota del autor: Esta noticia fue actualizada a las 11:30 am del 27 de enero de 2021 para precisar que Odio renuncia a un nuevo periodo como jueza del tribunal interamericano, aunque sí culminará su periodo actual.