• Durante años la municipalidad de Belén ha vertido las aguas crudas al Río Virilla sin tratamiento alguno, lo que ha generado un impacto ambiental tanto en el río Virilla como en el río Bermúdez.
  • Sala Constitucional condena a la Municipalidad de Bélen, Ministerio de Salud y MINAE-SINAC y obliga a darle tratamiento adecuado a las aguas residuales.

En una clase del curso de Derecho Ambiental, correspondiente al tercer año de la carrera de Derecho, en la Sede Occidente de la Universidad de Costa Rica, varios estudiantes se plantearon poner fin a la contaminación de los ríos Bermúdez y Virilla desde la vía legal.

Las personas estudiantes y denunciantes Deyner Guevara, Gisela Vargas Murillo, Enyelber Cáceres, Sara Hernández y Keisy Paniagua interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Municipalidad de Belén, y la ARESEP.

¿Qué sucedió?

El amparo se interpuso en noviembre de 2020 y la resolución Nº 2021000235 fue dada el pasado 8 de enero. Ahí se describe que, desde setiembre de 2020, las personas recurrentes habían denunciado ante la municipalidad que la Coordinadora de la Unidad de Alcantarillado de la Municipalidad de Belén reconoció, en el informe técnico AS 018-2020, el lanzamiento durante 50 años de aguas residuales y fecales sin tratamiento alguno.

Lo que ha generado un inmenso e irreversible impacto ambiental tanto en el río Virilla como en el río Bermúdez, y en los vecinos del Residencial Doña Rosa y Lomas de Cariari, en Cariari de Belén", señala dicho informe. 

Se detalla que esa situación provoca que cuando las aguas negras pasan por las viviendas de los vecinos afectados, generan contaminación, malos olores, así como plagas de roedores, cucarachas y moscas.

Las personas que interpusieron el amparo explicaron que las aguas negras de las casas de los Residenciales Bosques de Doña Rosa y Lomas de Cariari son vertidas al río Bermúdez, sin ningún tratamiento.

En el oficio AMB-MC-187-2020 aportado por los denunciantes, el alcalde belemita, Horacio Alvarado Bogantes, expresa que posee conocimiento del problema pero no se brindan soluciones. Lo anterior pese a haberse comprometido a construir una planta de tratamiento.

En el amparo se detallan los efectos negativos que la contaminación provoca en la biodiversidad, entre ellos:

  • Generación de gases efecto invernadero.
  • Muerte de especies de los ríos.
  • Contaminación de suelos y nacientes.
  • Plagas de insectos y roedores.

Además, se indica que también denunciaron la situación ante el Área Rectora de Belén, Heredia, en setiembre anterior.

En esta ocasión los argumentos estaban relacionados con el daño ambiental provocado a los ríos antes mencionados, así como “la transgresión significativa al adecuado desarrollo de las personas que residen cerca”. El área rectora de localidad no ha brindado respuesta a dicha denuncia a la fecha.

Según la documentación presentada ante la Sala IV, los vecinos también acudieron a la oficina del MINAE-SINAC en Heredia. Ahí presentaron la problemática ya descrita, alegando la falta “de una planta de tratamiento optima donde se procesen todas las aguas negras de la zona” para evitar afectaciones a la salud y al ambiente.

Al respecto, los vecinos recibieron respuesta vía correo electrónico por parte del MINAE, quien los convocó a una reunión y solicitó sus números de teléfono. Los vecinos no estuvieron de acuerdo en este sentido, pues no aprueban el proceder señalado y mencionan:

Dicho ente es el encargado de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por esa razón, debe actuar en forma expedita para de esa manera disminuir el riesgo en las afectaciones al ambiente y a la contaminación”.

Acciones inmediatas

Los demandantes reclaman por la inacción de las autoridades ante la denuncia ambiental planteada por la  contaminación de los ríos Virilla y Bermúdez por desfogue directo y sin tratamiento de aguas residuales provenientes de los residenciales Lomas de Cariari y Bosques de Doña Rosa.

La Sala Constitucional verifica la vulneración a los derechos fundamentales de los recurrentes y comprueba que las instituciones involucradas tienen pleno conocimiento y aceptan la problemática denunciada.

En virtud de lo expuesto, se comprueba que las acciones de las autoridades recurridas han sido insuficientes, debido a que no han tomado medidas preventivas o precautorias tendientes a que el daño ambiental disminuya", se lee en la sentencia. 

El recurso es declarado con lugar. Se le pide que la Municipalidad de Belén, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, emitan un plan remedial para resolver definitivamente el problema denunciado en forma conjunta.

Adicionalmente, se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que expusieron los vecinos, los cuales tendrán que ser liquidados en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Por otro lado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) fue desestimada del recurso debido a que no se aportaron “ningún comprobante de algún  trámite presentado ante dicha Autoridad toda vez que a la fecha no consta ni existe trámite alguno”.

Entre las medidas a tomar se destacan que las autoridades deben:

  1. Adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para que en el plazo de dos meses, se haya elaborado un plan remedial para solucionar el problema de las aguas residuales.
  2. Realizar y ejecutar ese plan para dar solución definitiva a ese problema en seis meses.
  3. Adoptar medidas necesarias de forma inmediata para mitigar esa contaminación y mantener informados a los recurrentes.
  4. En caso de que las autoridades no acaten las órdenes dictadas en el recurso de amparo, podrían incurrir en el delito de desobediencia que los podría exponer a una prisión de tres meses a dos años, o veinte a sesenta días multa.

La presidenta de ASOCARIARI y vecina de la zona afectada, Melissa Flores, manifestó que “es una situación de contaminación que por años se ha dado” y desconoce las razones por las cuales la Municipalidad no ha construido la planta de tratamiento.

Le preocupa porque durante años les han estado cobrando un canon correspondiente a Alcantarillado sanitario. A la fecha desconoce si los fondos que se han pagado, se están utilizando para ese fin, pues no existe tal planta.

Como asociación de desarrollo estamos por enviar una a nota para que la municipalidad nos brinde datos para entender cuántas casas están conectadas, cuánto es el rubro que se ha cobrado durante estos años y en qué se ha invertido ese dinero. ¿Si se nos cobra para una planta de tratamiento por qué la usan para otro fin?", criticó Flores. 

La líder comunal, Melissa Flores, dice que le preocupa que el dinero que se ha cobrado por un alcantarillado que no existe.

Asimismo, aclara que no se trata de algo político, sino de una cuestión de conciencia ambiental

Hay una situación política que no se entiende a nivel de ejecución. Seguimos siendo una muni con un superávit enorme y con muchas necesidades a pesar de ser un cantón pequeño en km 2."

De hecho, la municipalidad de Belén figura entre los 15 gobiernos locales con mayor superávit acumulado en el año 2020 con ₡3400 millones. Pese a que el cantón tiene buena imagen ante la opinión publica, la líder comunal advierte que "aquí no todo está bien. Lo idóneo es que las cosas se hablen con transparencia", y finalizó:

No podemos andar manteniendo las áreas verdes lindas y aseadas, bebederos de agua, poniendo rótulos de ahorrar el agua, cuando estamos en una zona de casi 3mil propiedades tirando las aguas crudas a los ríos."

Desde las aulas

La presidenta de ASOCARIARI, Melissa Flores, comenta que ante las problemáticas ambientales en la zona, contactaron al abogado ambientalista y profesor, Álvaro Sagot Rodríguez. Dentro de las preocupaciones existentes, Sagot le indicó que el caso aplicaba perfectamente para una clase de derecho ambiental que estaba impartiendo y que unos estudiantes estaban interesados en tomarlo.

Flores dice que, para ella, la sentencia fue muy sorpresiva porque ya habían puesto denuncias por la contaminación que tiene Belén y nunca han sido resueltas ni atendidas. "Esta vez la sentencia salió en pocos meses".

Keysi Paniagua Murillo, de 21 años, es una de las estudiantes y de las personas que interpusieron el amparo, y nos cuenta los diferentes pasos que siguieron durante el proceso.

Nosotros inicialmente interpusimos una denuncia en los entes del Ministerio de Salud de la Municipalidad de Belén y una ve que no recibimos respuesta por parte de esas instituciones, entonces acudimos a la Sala Constitucional. Fue un proceso que dio inicio desde el día 1 del curso y el profe le fue dando seguimiento", detalló. 

Agrega que, en lo que al curso respecta, las denuncias inicialmente tenían un valor, el recurso tenía otro valor; fueron varios trabajos separados y el profesor por cada trámite hecho les daba puntos

Los estudiantes hicieron una visita a la zona y encontraron afectación ambiental; notaron claramente  que esas aguas eran vertidas totalmente, habían malos olores y plagas.

El día que interpusimos la denuncia había malas caras por parte de las instituciones y respuesta muy vagas. Nos decían que no eran de la competencia de la oficina a la que acudíamos."

Panigua Murrillo puntualiza que la experiencia es muy enriquecedora y que para ella resulta la práctica más real que ha tenido a la fecha.

Si bien habíamos hecho machotes y más, nunca habíamos presentado el documento. Esto nos hizo enfrentarnos al verdadero sistema, entonces fue una experiencia muy nueva, bastante agradable y de crecimiento profesional para los y las que participamos".

El profesor y abogado ambientalista, Álvaro Sagot Rodríguez, explica que es una práctica que ha venido adoptando en sus grupos. A medida que avanza el curso, preparan primero la redacción de denuncias administrativas ambientales y de lo que se resuelva en las instituciones, se puede llegar a interponer el amparo, como en la situación expuesta. 

La idea es que lo que aprendan sea práctica que les va a servir a los estudiantes en el ejercicio de su profesión y que no sea nada más un aburrido curso donde aprendieron unas cosas de memoria. Es una forma en la que la UCR también deja huella en las comunidades", añadió Sagot. 

Además, indica que es una forma de poner en perspectiva el derecho ambiental. En este caso cuenta que los funcionarios del MINAE-SINAC les preguntaban que cuál profesor los enviaba y que por qué estaban haciendo ese trabajo.

Por tanto, le parece relevante que sus estudiantes vivan esas situaciones. El encuentro con la realidad, con los funcionarios, con los problemas, con lo que administrativamente les puedan contestar, con lo que se resuelve judicialmente, resulta de mucha valía.