Cual “La historia sin fin” de Michael Ende, el uso de la plataforma de Control de Portación de Armas y Seguridad Privada (ControlPAS) del Ministerio de Seguridad hace que la gesta heroica de Atreyu parezca una anécdota de domingo por la tarde. Plagada de errores, vacíos de información y una inoperancia administrativa digna de aparato estatal, es una causa perenne de frustración para los ciudadanos que quieren mantener la inscripción de sus armas permitidas y sus permisos de portación en completa legalidad. Sin embargo, la inoperancia de dicha plataforma es solo la punta del iceberg y para entender la actual crisis en la administración de armas legales en el país, debemos repasar al menos los siguientes puntos relevantes.
Sin ejército y con un expresidente laureado con un premio Nobel, es natural que en los últimos 25 a 30 años hayamos formado un público irreflexivamente antiarmas. Sin embargo, aún dentro de esta doctrina de pacifismo, lo cierto es que no somos ajenos a la dinámica de la violencia transfronteriza y el crimen organizado. Ante esto y como cualquier otro instrumento, las armas permitidas legalmente y en manos de ciudadanos responsables pueden aportar a reforzar la seguridad ciudadana. Es aquí donde es crítico distinguir entre armas permitidas y legales (de acceso regulado a los ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos) y las armas ilegales y prohibidas (las automáticas y de guerra que usan los grupos delictivos). El Estado regula las primeras y equivocadamente confunde al público juntándolas con las segundas, haciendo pensar que toda persona armada es un delincuente. Así, es momento de replantearnos la actual política de Estado que busca el progresivo y completo desarme ciudadano a punta de tortuosas trabas administrativas y hasta acciones completamente ilegales en contra del administrado[1], y que consistentemente fallan en controlar las armas ilegales y disminuir nuestros crecientes índices de violencia.
Un clarísimo ejemplo de las trabas administrativas es la plataforma ControlPAS, planteada hace unos años como una solución digital para facilitar los trámites administrativos de matrícula y permisos de portación de armas permitidas. Desde el año pasado el sistema no funciona, pese a las múltiples y recientes declaraciones oficiales presentando realidades alternativas.
Se han esgrimido incontables excusas, desde falta de contenido presupuestario, pasando por la incompatibilidad con el navegador de internet que se está usando, hasta la más inverosímil: debido al COVID-19 la plataforma digital debió apagarse. ¡Solo en Costa Rica un servicio en línea tiene potencial de contagio ante un virus biológico! Los contadísimos afortunados que han podido cruzar el Mar de las Posibilidades y entrar al sistema se han topado con la sorpresa que los registros de sus requisitos cumplidos y vigentes han desaparecido; no hay seña de certificados del curso teórico práctico, del curso básico policial, resultados de los exámenes de idoneidad mental, entre otras.
El prohibicionismo radical y extremo ha demostrado históricamente no funcionar para lograr los fines con los que se promociona. Para recuperar el Auryn y trascender estos desafíos que impiden a ciudadanos responsables mantenerse en la legalidad en la tendencia de armas, propongo dar un paso atrás, analizar la amplitud de la situación y empezar por replantear la política de Estado respecto de la tenencia legal de armas permitidas. Como todo hombre de ciencia vivo esperanzado que nuestras políticas estén basadas en la técnica y la ciencia moderna; que cumplan con principios de robustez, transparencia, documentación; que estén contextualizadas a nuestra realidad y que respondan a nuestras necesidades comunes y no a pragmatismos que han demostrado no rendir frutos positivos. Una vez allí, quizás finalmente la “ControlPAS-Nada” que acechó a Atreyu sea finalmente conquistada y que muchos ciudadanos responsables y legalmente armados en este país, al igual que Bastian puedan encontrar el fin a esta historia.
[1] Una directriz administrativa no está por encima de una ley y su reglamente y aún así los Ministros Gamboa y Mata emitieron varias directrices ilegales; por ejemplo, la directriz 180-2014 que prohíbe “armas con apariencia militar” en el país, sin soporte técnico ni definición inequívoca de tal designación.
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