La Contraloría General de la República (CGR) rechazó la solicitud del Ministerio de Justicia y Paz de prorrogar por 24 meses el contrato suscrito con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), para el rastreo de personas que deben utilizar tobilleras electrónicas como mecanismo alternativo a su privación de libertad.

La gestión de prórroga fue planteada por la ministra Fiorella Salazar Rojas el 18 de diciembre del 2020 y tras una ampliación de la información requerida por la Contraloría, el ente auxiliar del Congreso rechazó la solicitud.

Según se desprende del oficio de la CGR que consta de 13 páginas, el rechazo se debió a que el Ministerio de Justicia y Paz presupuestó de forma incompleta los recursos para cubrir todo el año en caso de que la prórroga fuera aceptada. La propia institución reconoció al ente contralor que solo tenía recursos para cubrir sus obligaciones hasta el mes de abril.

Como segundo motivo de rechazo, la Contraloría apuntó que el Ministerio de Justicia no suministró información sobre la fecha en que se dio la orden de inicio de ejecución del contrato, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, pues solo adjuntó la fecha en que se pidieron los dispositivos de rastreo.

Para la Contraloría, tal acción es la mera petición de un producto para ejecutar el contrato, mas no la orden de inicio del mismo, por lo que ante la falta de claridad por parte de la Administración sobre la fecha en cuestión no se puede aplicar una prórroga, pues sería bajo una fecha sobre la cual se desconoce.

Finalmente, el informe señala el factor precio como tercer motivo para denegar la prórroga del contrato con la ESPH, al señalar "claras contradicciones en relación al precio del servicio contratado", pues el Ministerio le dijo a la Contraloría que no se había iniciado ninguna negociación para rebajar la tarifa del servicio, sin embargo, inmediatamente después afirmó que se le solicitó al contratista la posibilidad de negociar un precio menor, y que la ESPH mostró anuencia, y hasta recibió una propuesta de precios según varios escenarios.

Lo anterior resulta importante por cuanto la solicitud de autorización que requiere debe tener un precio firme y definitivo pues no tiene sentido el que se plantee una solicitud de autorización cuando la Administración ya tiene previsto una posible modificación del precio del servicio, independientemente si este es a la alza o a la baja. Lo cierto es que la Administración debe tener plena certeza del precio que regirá durante el plazo del contrato que pretende modificar, máxime cuando se trata de un elemento esencial del contrato como lo es el precio.

De acuerdo con el documento de rechazo, esa situación no solo genera incertidumbre en cuanto al precio final del servicio a autorizar, pues ello también tiene un impacto en el disponible presupuestario que se requerirá para la ejecución del contrato, pues ambos aspectos están directamente relacionados.

Dado el rechazo y que el contrato, según el Ministerio, vence el el próximo 27 de febrero, la Contraloría afirmó que Justicia y Paz es responsable de iniciar con carácter de urgente y con observancia del marco legal el proceso de licitación pública -mecanismo aplicable para contar con la solución integral que permita realizar el monitoreo de los mecanismos electrónicos como medida de ejecución alternativa de la pena y así prestar el servicio en cumplimiento de la normativa nacional vigente.

Reacción del MJP

El Ministerio de Justicia y Paz afirmó en un comunicado de prensa donde citan declaraciones de la ministra Salazar Rojas que se encuentran analizando los criterios expuestos en el oficio de rechazo.

La jerarca afirmó que existe preocupación en relación con las 1800 personas que en la actualidad forman parte de la modalidad de vigilancia electrónica, "no obstante, para preservar la seguridad ciudadana estaremos valorando todas las posibilidades jurídicas para atender esta situación”.

Sobre la ausencia de contenido presupuestario suficiente, el MJP afirmó que se solicitó a mediados de enero al Ministerio de Hacienda la inclusión de los recursos en el presupuesto extraordinario que estaría por enviarse a la Asamblea Legislativa en los próximos días. Desde septiembre del 2020 la jerarca afirmó a la Comisión de Asuntos Hacendarios que el plan de gastos del 2021 tenía faltante presupuestario para el monitoreo de las tobilleras.

Sobre la fecha, el Ministerio alegó que según su Proveeduría es el 27 de febrero del 2021 la fecha de vencimiento del contrato; y sobre el precio afirmó que "no se ha iniciado ninguna negociación con el contratista, justamente al estar el MJP a la espera del aval contralor para extender el contrato vigente".

Ayer el Ministerio de Justicia informó que la comisión a cargo de preparar los documentos para la licitación del servicio de monitoreo electrónico presentó a la Ministra el borrador para aprobación del compendio de todos los documentos que serán utilizados para el lanzamiento de la licitación pública internacional.

Paralelamente, la institución analiza todos los mecanismos a su alcance para garantizar que el servicio de monitoreo electrónico no se vea desestabilizado mientras se contrata el nuevo proveedor.