Es evidente que ya tenemos tema polarizante para la campaña electoral del 2022... El grupo de conservadores de la Asamblea Legislativa, que una y otra vez critica al gobierno por priorizar otros temas por sobre la agenda de reactivación económica, suscribió ahora una moción para interpelar al ministro de Salud, Daniel Salas, luego que su cartera aprobara el protocolo médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre aborto terapéutico.
Tras el fracaso de la moción de minuto de silencio por los "no nacidos", ahora los legisladores quieren que el Plenario dedique todo un día a cuestionar al ministro Salas por la aprobación de ese protocolo, que tiene como sustento la promulgación de Decreto Ejecutivo que oficializó la norma del aborto terapéutico.
Entre los alegatos de la moción se señala que no se esperó a que la Sala Constitucional se pronunciara sobre las tres acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto, a pesar de que la propia Sala dejó en claro que la admisión de los reclamos para estudio no suspendía la vigencia de la norma.
Según la fracción de Restauración Nacional, los firmantes de la moción son:
- Melvin Núñez
- Xiomara Rodríguez
- Carlos Avendaño
- Giovanni Gómez
- Mileidy Alvarado
- Eduardo Cruickshank
- Patricia Villegas
- Erick Rodríguez
- Nidia Céspedes
- Harllan Hoepelman
- Jonathan Prendas
- Ignacio Alpízar
- Marulyn Azofeifa
- Carmen Chan
- Shirley Díaz Mejía
- Aracelly Salas
- David Gourzong
- Franggi Nicolás
- Wálter Muñoz
- Dragos Dolanescu
- Otto Roberto
- Ivonne Acuña
- Floria Segreda
Otras firmas no son reconocibles ni los nombres fueron suministrados por Restauración Nacional. Se espera ahora que la moción sea sometida a conocimiento de los jefes de fracción para que se fije una fecha para su votación.
Proyecto de minería en Abangares, declarado inconstitucional
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) encontró vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Mejoramiento Ambiental de la Minería Artesanal de la Minería de Abangares, tramitado en el expediente legislativo 21.229.
Mediante el voto 2020-23789 de este jueves 10 de diciembre, los magistrados evacuaron la consulta legislativa facultativa de constitucionalidad planteada sobre el proyecto, formulada por un grupo de 11 legisladores de distintas fracciones políticas.
Dato D+: Consulta formulada por Aracelly Salas Eduarte, Dragos Dolanescu Valenciano, Jorge Luis Fonseca Fonseca, María Vita Monge Granados, Melvin Ángel Núñez Piña, Oscar Cascante Cascante, Otto Roberto Vargas Víquez, Paola Valladares Rosado, Patricia Villegas Álvarez, Pedro Muñoz Fonseca y Yorleny León Marchena
La Sala le dio la razón a los diputados en los alegatos planteados ante el Tribunal: encontró una violación al principio de conexidad en el Transitorio I del texto aprobado en primer debate, pues se modificó el objeto general del proyecto al pasar de regular plazos de cumplimiento, a la liberalización de ellos.
Sobre ese mismo transitorio, la Sala señaló que su texto aprobado resulta incompatible con los compromisos adoptados en la Convención de Minamata sobre Mercurio, de reducir y eliminar el uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala.
La Sala también encontró que el Transitorio X del proyecto es violatorio de los artículos 21 y 50 de la Constitución, así como de la Convención de Minamata, pues establece controles estatales y ambientales laxos que no permitirían resguardar la explotación y comercialización del oro, de conformidad con la salud humana y la protección del medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio y compuestos de mercurio.
Finalmente, la Sala realizó una interpretación respecto al término "cooperativas de vecinos", en el sentido de que no es inconstitucional, siempre y cuando se entienda que se trata de los trabajadores mineros establecidos en el artículo 8 del Código de Minería.
En cuanto a esto último, el Magistrado Paul Rueda Leal salvó el voto por considerar que el propósito original del proyecto estaba referido a la comercialización solamente por parte de los productores organizados en cooperativas mineras, y que el cambio en el Transitorio X causa una violación adicional al principio de conexidad, sin que la literalidad de la norma consultada permita una interpretación conforme a la Constitución.
El resto de magistrados que participaron de la deliberación del caso fueron Fernando Castillo Víquez (presidente del Tribunal), Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado (instructor del expediente), Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y la suplente Alicia Salas.
Breves
— Con 22 votos a favor y 24 en contra, se volvió a rechazar la dispensa de trámites para el expediente 22.131 “Aprobación del contrato de préstamo N° 5054/OC-CR entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el programa de emergencia para la sostenibilidad macroeconómica”. Liberación Nacional esperará, casualmente, que pase su Asamblea Nacional este fin de semana para "tomar una decisión".
— Con 39 votos a favor y 1 en contra (José María Villalta) se aprobó el permiso para atraque, permanencia en puerto y desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones de Guardacostas de los Estados Unidos, que estarán desarrollando operaciones antinarcóticos en apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas y demás autoridades del país durante 2021.
— Con 42 votos a favor y 4 en contra, se aprobó dispensar de trámites una reforma a la Ley de Aresep, tramitada en el expediente 22.064
— Con 39 votos a favor y 1 en contra (Nidia Céspedes) se aprobó en primer debate el expediente 22.049 Reforma del transitorio VI de la Ley para el rescate, el fortalecimiento y la sostenibilidad del sector palmero nacional.
— Con 39 votos a favor y ninguno en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.321 Ley para la construcción de la carretera panorámica en la Angostura de Puntarenas.
— Con 38 votos a favor y ninguno en contra se aprobó en primer debate el expediente 21.411 Autorización al Estado para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Universidad de Costa Rica, para la construcción y ampliación de la sede regional de Golfito.
