La Asociación Costarricense de Vapeadores (ASOVAPE) se opone absolutamente al proyecto de ley 21658 “LEY DE REGULACIÓN DE LOS VAPEADORES Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS (SEAN/SSSN) Y CREACIÓN DE UN IMPUESTO CON DESTINO ESPECIFICO”, que actualmente se analiza en la Asamblea Legislativa.

Consideramos que este proyecto de ley fue presentado a raíz de lo acontecido en Estados Unidos durante 2019, cuando se registraron varias muertes y numerosas hospitalizaciones que fueron relacionadas con el uso de productos de vapeo. Sin embargo, posteriormente, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU cerró una investigación en la que determinó que la causa por la que esas personas que resultaron afectadas pulmonarmente fue el uso de THC (componente activo de la marihuana) proveniente del mercado negro (de narcotraficantes), y que contenía acetato de Tocoferol como diluyente. 

Queremos hacer especial énfasis en que esto nada tiene que ver con el vapeo de nicotina, pues son cosas completamente distintas. Por lo tanto, querer introducir un impuesto del 40%, es absolutamente incomprensible. Un aumento en la tasa tributaria a todo lo relacionado con vapeo, incluyendo dispositivos, baterías, e incluso los vidrios de los recambios, sería como añadir impuestos a jarras cerveceras, vasos y hielo para elevar el impuesto al alcohol, es decir, no tiene ninguna lógica. 

Este impuesto violará el derecho del consumidor a optar por un método de reducción de daños, del cual hay alrededor de 5800 estudios disponibles, siendo, probablemente, el producto más sometido al escrutinio científico de la historia. Se sabe, además, que es alrededor de un 95% menos nocivo que el cigarro tradicional (posicionamiento que es revisado, anualmente y vía metaanálisis, por la Sanidad Pública de Reino Unido), que conlleva un 99.5% de menos riesgo de producir cáncer, que no existe el vapeador pasivo, que pasar de fumar a consumir cigarros electrónicos conlleva a ahorros en la salud pública, y que,  según estudios aleatorios controlados (estándar de oro de la investigación médica), es la forma más efectiva para dejar de fumar.

En países de primer mundo, líderes mundiales en deshabituación tabáquica, como por ejemplo Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá o Francia, estos productos se incluyen en sus campañas contra el tabaquismo, en las que el mismo estado los recomienda para dejar de fumar y  comunica fiel y eficazmente a la población las diferencias entre el tabaco por combustión y el cigarrillo electrónico.

Si tomamos como ejemplo a Italia, donde se redujeron (acertadamente) los impuestos en un 80% a los líquidos para vapeo con nicotina, y un 95% a los líquidos sin nicotina, podremos ver claramente que este proyecto está tomando el camino equivocado y que va en contra de la salud pública. 

Este impuesto tan amplio generará, sin duda alguna, un mercado negro y, peor todavía, aumentará el consumo de cigarros de combustión. Esto es fácilmente comprobable si nos fijamos en estudios realizados internacionalmente, donde por cada 10% de carga impositiva adicional a los productos de administración de nicotina de riesgo reducido, se produce un 11% de incremento en la compra de cigarros tradicionales, siendo estos, indiscutiblemente, mucho más nocivos para la salud. Por tanto, la meta generalizada debería ser abolir o disminuir la prevalencia de uso de estos últimos a nivel nacional.

Siguiendo el Convenio Marco de Control de Tabaco, específicamente en las directrices de implementación del artículo 14, párrafo 64, se establece que los países miembros tienen que observar y seguir el ejemplo de otros miembros que estén demostrando liderazgo y efectividad en bajar las tasas de tabaquismo.

Según STOP (agencia que mide la interferencia de tabacaleras en las políticas de gobierno), Reino Unido es uno de los países con menos interferencia de la industria tabacalera del mundo, teniendo, incluso, tiendas de vapeo dentro de hospitales para ayudar a aquellas personas, que no pueden o no quieren dejar de fumar, a pasarse al vapeo.  Algo similar está ocurriendo en Francia, que es otro país que aboga por la reducción de daños por tabaquismo y por el uso del cigarrillo electrónico como alternativa al tabaco por combustión. Viendo que las tasas de tabaquismo de ambos países están cayendo en picada, deberíamos, casi obligatoriamente, seguir su ejemplo.

No tiene sentido proteger la venta y consumo de cigarros por combustión ni anclarnos en el uso de métodos de cesación de menor efectividad, ya sea por negligencia informativa o por culpa de lobby’s de organizaciones prohibicionistas o sobre reguladoras. Ni en Costa Rica ni en ningún lugar del mundo se han dado problemas de salud graves por el uso de vaporizadores de nicotina, por tanto, no debería dificultarse su accesibilidad o asequibilidad, y, en cambio, sí debería promoverse su uso en adultos fumadores que no puedan o no deseen dejar de fumar.

Durante el 2019, vimos la aprobación de una ley para disminuir el importe recibido por la CCSS y el IAFA del 5% (cada entidad) sobre el impuesto al tabaco, promovido por el mismo diputado que ahora ha introducido este proyecto de ley para aumentar la carga tributaria de los vaporizadores de nicotina, pese a que en el 2019 se argumentó un superávit de 91,000 millones de colones en el caso de la CCSS y 1,800 millones en el caso del IAFA. Esto pone en entredicho la necesidad de un impuesto adicional a una herramienta de reducción de daños que, ciertamente, traerá ahorros a las instituciones públicas, además de tener el potencial de salvar cientos de miles de vidas. Es importante insistir en que hay 68 millones de consumidores de cigarrillos electrónicos en el planeta y que estos productos llevan en el mercado más de 16 años, no habiéndose dado ninguna afectación grave en la salud por su uso en todos estos años ni en ningún lugar del mundo.

En momentos tan duros como los que estamos viviendo actualmente debido a la pandemia y en los que las economías mundiales están de rodillas, no es sabio pretender meter la mano en los bolsillos de los costarricenses por el simple hecho de optar por lo que es un derecho: escoger un método efectivo para dejar de fumar, con el fin de reducir drásticamente el daño producido por la combustión del cigarro tradicional.

Como asociación, y en nombre de los casi 70 mil consumidores costarricenses de estos productos, hacemos un efusivo llamado a los diputados para que voten en contra de este proyecto, pues atenta contra la salud pública, ya que el 80% de las muertes por tabaquismo en el mundo se dan en países de bajos y medianos ingresos.

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