La participación ciudadana es una base importante de la democracia, en primera instancia es un derecho fundamental y a la vez representa diversos mecanismos en el que la ciudadanía se visibiliza y se involucra en los asuntos de carácter público.

Sin embargo, con frecuencia solemos escuchar a personas mostrando su molestia sobre los accionares que se llevan a cabo dentro de los Gobiernos Locales, a pesar de ello, según la Encuesta Nacional de Percepción de la Transparencia 2019 de la Contraloría General de la República, el 66% de las personas encuestadas consideran que su Municipalidad no ofrece espacios suficientes para la participación ciudadana, mientras que 84% indicaron que, en los dos últimos años, no han planteado  alguna denuncia, queja o reclamo ante su Municipalidad.

En ese sentido, vale indicar que existe una gran crisis de participación ciudadana, lamentablemente no nos estamos involucrando en espacios de toma de decisiones, no están tomando en cuenta las necesidades de todas las personas y por ende en muchas ocasiones se están omitiendo elementos importantísimos por ejemplo en obras de infraestructura o política pública, esto, a causa de que sólo un bajo porcentaje de la ciudadanía está involucrándose en espacios participativos y de toma de decisiones.

Preocupación sobre la Ratificación del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú en un tratado regional, específicamente para América Latina y el Caribe, es un instrumento jurídico en materia de protección ambiental que tiene como fin el garantizar y facilitar la incidencia ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región.

Las negociaciones fueron presididas por Chile y Costa Rica, el primero no firmó el Acuerdo y en nuestro caso, el trámite y proceso legislativo ha sido retardado, en primera instancia por un vicio procedimental que halló la Sala Constitucional y en segundo lugar porque diferentes sectores, principalmente el empresarial, ha puesto su cuota de responsabilidad en la tardanza de la ratificación que sin duda alguna es urgente.

A raíz de lo anterior, mi preocupación, y luego de un análisis de identificación de espacios donde se puede incidir dentro de mi realidad, encontré el mecanismo de participación ciudadana que permitiera ejercer incidencia para que el Poder Legislativo apruebe con urgencia el expediente 21.245 (“Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”), mediante acercamiento a las regidurías de mi cantón se me permitió exponer la necesidad de que presentaran una moción en la que se le solicita a las diputaciones la aprobación de ese proyecto de ley y al Poder Ejecutivo para que lo convoque en Sesiones Extraordinarias.

La idea ha surgido frutos positivos, y es que una gran cantidad de Concejos Municipales se han unido al llamado de Activistas Ambientales y por los Derechos Humanos que hacen un llamado a las autoridades para la pronta ratificación del Acuerdo. Comprendiendo, así, en gran medida, el rol que tiene los Gobiernos Locales y los Concejo Municipales como transformadores de las realidades.

Lo anterior se pueda lograr mediante acercamientos como ciudadanos a nuestras autoridades locales, como las Alcaldías, Regidurías y otros, que estén dispuestos a acoger las propuestas ciudadanas que se le presenten. En nuestro país existen diversos mecanismos de participación ciudadana como los sociales, enfocados en las redes sociales y la protesta, los institucionales como los de escala cantonal y distritales o los de exigencia de derechos como los recursos de amparo.

Es hora de que seamos conscientes y busquemos los modos en los que podamos incidir desde nuestros espacios en pro de un mejor desarrollo de nuestros cantones, por la lucha de un ambiente sano, de los derechos humanos y de las poblaciones vulnerables.

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