En octubre de 2017, en medio del escándalo del cementazo, la Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de un Programa de Reformas Urgentes al Poder Judicial, en el que se definió que diez grupos de trabajo revisarían diversos temas del quehacer institucional para recuperar la imagen de ese Poder de la República.
Más de tres años han pasado desde esa fecha y a las 3 pm de este martes 8 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia decidirá el futuro sobre el informe del grupo de trabajo que revisó el procedimiento, requisitos y proceso de selección de Magistrados y Magistradas (propietarios y suplentes), uno de los aspectos que más ha sido señalado como el origen de los problemas del Poder Judicial.
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La coordinación de este grupo de trabajo recayó en el magistrado y presidente de la Sala I, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, quien en una entrevista a Delfino.cr en agosto del 2019, se había referido al tema de la elección de magistrados, señalando que lo consideraba un tema urgente:
Hay opiniones de la prensa, de las personas interesadas y hay opiniones de diputados, en uno y otro sentido. Se hace evidente que la selección de magistrados es una cuestión que siempre está patente. (…) A mí me parece que es necesario establecer algunas reglas sobre cómo hacer objetivamente esta elección, de manera que queden las personas idóneas y éticamente adecuadas. Quienes tengan conocimiento del Derecho y de lo que es una magistratura”.
Según señala el informe presentado por Rivas a la Corte, “el planteamiento que contiene la propuesta se estructura en la necesidad de establecer un procedimiento de elección de los magistrados propietarios y suplentes que se inspiren en los principios de objetividad, transparencia y publicidad a fin de garantizar la “idoneidad comprobada”.
Este informe ya había sido llevado a Corte Plena el 29 de abril del año pasado, sin embargo, la votación para entrar a conocer el informe quedó en empate (11-11), por lo que el tema se pospuso hasta ahora.
¿Qué recomienda el informe?
Las recomendaciones principales del informe son las siguientes:
- Fomentar el conocimiento, interés y el debate entre en la sociedad sobre el proceso para la selección y el nombramiento de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
- Existencia de un procedimiento de selección claro, previamente establecido, en el que se definan criterios objetivos y la forma en que se evaluarán los candidatos a una plaza vacante de Magistrado por parte de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
- Que se garantice una amplia publicidad en medios de comunicación y en redes sociales sobre la apertura de un concurso para la selección de una plaza vacante de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asamblea Legislativa.
- Que la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa nombre en cada concurso un “Comité de Expertos” que la asesore.
- Que se garantice una amplia participación del Colegio de Abogados y Abogados, organizaciones gremiales y sociedad civil en el proceso de nombramiento.
- Principio de transparencia y publicidad de todas las actuaciones realizadas por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
En esta línea se presentó una propuesta de las reformas constitucionales necesarias para modificar el proceso de nombramiento a la Corte Suprema de Justicia, que incluyen aumentar la edad mínima de 35 a 45 años, incrementar el periodo de nombramiento de 8 a 10 años, reducir la posibilidad de reelección a una única vez (lo que significaría un periodo máximo de 20 años en el cargo), que la Asamblea Legislativa deba aplicar en el proceso de elección criterios que garanticen la paridad de género con alternancia horizontal y vertical, y que se reglamente con criterios objetivos en el Poder Judicial el proceso de selección para las suplencias a la Corte Suprema.
Adicionalmente, el informe también retoma una propuesta de Ernesto Jinesta Lobo, exmagistrado de la Sala Constitucional, que proponía se incluyera una prohibición a altos jerarcas y miembros de los supremos poderes a aspirar a un cargo a la Corte Suprema en los diez años posteriores a la finalización de su cargo.
De aprobarse el informe, se trasladarían las recomendaciones a la Asamblea Legislativa para que en ese foro se discutan las reformas legales y constitucionales necesarias para implementar las recomendaciones del grupo de trabajo.