La Contraloría General de la República (CGR) dirigió un informe de 54 páginas a la Asamblea Legislativa detallando las deficiencias detectadas en las Juntas de Educación, a las que calificó de "el último eslabón en una cadena de mando compleja" y urgió revisar el modelo actual. 

Según los hallazgos de la CGR, el modelo actual de las Juntas de Educación desincentiva la participación y el involucramiento, existe una ausencia de información sistematizada y con atributos de calidad que limita la transparencia, existe un débil ambiente de control y la amplitud de sus funciones constituyen un riesgo tanto en el apego a las normas como de corrupción, así como problemas de eficiencia y eficacia.

Dato D+: Las Juntas de Educación y Administrativas son un mecanismo de participación y control ciudadano, que refleja una apropiación de los centros educativos por parte de la comunidad, reconociendo que la educación va mucho más allá del ámbito estrictamente académico-pedagógico. Gran parte de su gestión se centra en facilitar la provisión de servicios, para lo cual reciben recursos de diferentes fuentes. Solo del Presupuesto 2019 recibieron transferencias por ¢289.530 millones.

La Contraloría, en primer lugar, destacó que la ley no define abiertamente la naturaleza jurídica de las Juntas de Educación, más allá de calificarlas como “órganos auxiliares”, por lo que ha sido necesario acudir a la interpretación jurisprudencial. Aunque están sometidas a las directrices del MEP, los nombramientos y destituciones de sus miembros son competencia de los Gobiernos Locales.

Asimismo, el ente fiscalizador señaló que paulatinamente las funciones que les han sido asignadas vía reglamento han crecido en complejidad, pudiendo incluso sobrepasar la capacidad operativa de un órgano comunal, ad honorem y representar el ejercicio de una potestad delegativa del MEP que no goza de la debida contraparte de control y acompañamiento.

"En adición, la existencia de una Junta por cada centro educativo parte de la premisa de que en todos los casos se reúnen las condiciones necesarias para su conformación, situación que no esuniforme en todo el país, pues existen diversas brechas del entorno regional y local, así como características propias de las ofertas educativas, como ocurre en las escuelas unidocentes. A junio de 2019, se contabilizaban 4554 Juntas, este número es dinámico en el tiempo, conforme la apertura y cierre de centros", dice el informe.

La gestión financiero-presupuestaria de las Juntas también presenta importantes riesgos, según la Contraloría. De acuerdo con la normativa, sus presupuestos son aprobados por las Direcciones Regionales del MEP, sin embargo, los controles son débiles.

La Contraloría analizó una muestra de los presupuestos ordinarios y extraordinarios para el año 2018 de 1441 Juntas, pertenecientes a 10 Direcciones Regionales, y encontró diferencias en los ingresos, egresos y registros auxiliares para detallar la fuente de los recursos, de hasta ¢211 millones en algunas Direcciones Regionales de Educación. Además, se revisaron los saldos disponibles en cuentas comerciales y de Caja Única del Estado y se identificaron 132 centros educativos en los que el presupuesto aprobado para 2018 no contempló la totalidad de los fondos disponibles en tales cuentas.

La CGR no pudo conocer la ejecución real versus los montos presupuestados, pues la información trimestral que presentan las Juntas ante las Direcciones Regionales no está sistematizada ni estandarizada. "La carencia de sistemas para procesar la información presupuestaria de las Juntas y el poco personal con que cuentan dichas Direcciones para realizar esta labor tienen gran incidencia en esta problemática", destacó.

Las cuentas bancarias son otro punto de problema encontrado por la Contraloría, pues de acuerdo a información suministrada por los bancos, al mes de junio de 2019 había 10.634 cuentas comerciales a nombre de Juntas de Educación, 989 de ellas tenían estado “cerrada o inactiva”, las cuales registraban en conjunto a junio del 2019 un saldo de alrededor de ¢146 millones, y no se observó algún control o monitoreo sobre ellas.

También encontraron 42 casos de Juntas con más de 5 cuentas registradas, incluido el caso de una junta que registra un total de 57 cuentas bancarias.

Según el informe, la diversidad de funciones de las Juntas requiere coordinación con distintas instancias del MEP, un ministerio cuya estructura organizacional es compleja, en la que “coexisten múltiples y superpuestas cadenas de mando, las cuales han generado estilos de gestión que no favorecen el logro de objetivos institucionales”, según el informe del Programa Estado de la Nación para 2019, así como un nivel regional que no termina de consolidarse y que dedica gran parte de sus recursos a atender requerimientos de las oficinas centrales.

La Contraloría también criticó el contexto de baja digitalización, donde información transversal para la asignación de recursos y toma de decisiones se da mediante procesos manuales, tal es el caso de la matrícula en los centros educativos. A pesar de ello, en 2019 se transfirieron ¢186.969 millones distribuidos según este criterio, cifra que representa el 65% del monto trasladado a las Juntas ese año.

La gestión de las Juntas es en cierto modo, una caja negra. Ante este panorama, el esquema actual bajo el que operan es riesgoso para la Hacienda Pública, pues no se observa un diseño que considere los principios de gobernanza. La percepción negativa sobre el sistema desincentiva la participación; la carencia de información sistematizada y con atributos de calidad afecta la rendición de cuentas, la transparencia y la prevención de la corrupción; la poca claridad y dispersión del ordenamiento técnico-jurídico también afecta el apego a las normas, así como el logro de los resultados (eficiencia y eficacia).

El informe insiste en que es pertinente revisar el modelo bajo el cual trabajan las Juntas, para readecuarlo según su capacidad operativa y dada su naturaleza como un mecanismo de participación y control ciudadano. "Su labor es indispensable para el buen funcionamiento de los centros, pues desde un rol de apoyo, son facilitadoras del proceso educativo", concluyó la Contraloría.