La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó ampliar hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para la aplicación de ocho medidas transitorias al reglamento que regula la formalización de arreglos de pago por deudas patronos y trabajadores independientes con la institución.

Según detalló Luis Diego Calderón Villalobos, gerente financiero de la CCSS, la decisión tomada tiene como fin seguir apoyando a estos dos sectores que han tenido un impacto económico importante producto de la emergencia nacional por la COVID-19.

Esas ocho medidas incluyen la disminución de la tasa de interés (tasa básica pasiva más un punto porcentual), la ampliación de los plazos máximos de formalización, la disminución de los pagos iniciales para convenios de pago con trabajadores independientes, la ampliación del plazo de finalización de los convenios de pago, la inclusión de los gastos de formalización en acuerdos de pago (en deudas menores a ¢1 millón), la ampliación en convenios de pago, modalidad pago único de intereses, la disminución del requisito del monto a amortizar para readecuar convenios de pago y la disminución del porcentaje de cobertura en garantía fiduciaria.

Esta es la segunda prórroga aprobada por la Junta Directiva de la CCSS, ya que en junio de este 2020 se había acordado extenderla hasta el 31 de diciembre de este año. Adicional a la prórroga, la Caja estableció la posibilidad de realizar una tercera readecuación de convenios de pago, pues anteriormente solo era posible realizar dos.

"Esta opción permite que aquellas personas patronas o trabajadoras independientes que han readecuado en dos ocasiones y en la actualidad mantienen morosidad con la CCSS", explicó la institución.

Según la Caja, entre los meses de marzo y octubre de 2020 hubo una disminución de 69.732 asegurados en el seguro de salud y una disminución del salario promedio mensual por ¢29.693. Del total de personas que dejaron de estar aseguradas en ese mismo periodo el el 98.7% eran asalariados de empresas privadas.

A pesar de esas cifras rojas, la Caja reportó un incremento de 11.066 asegurados respecto a agosto y de 9590 en octubre. De igual forma, la facturación del seguro de salud era cercana a los ¢155 mil millones previo a la pandemia; a partir de marzo de 2020 empezó a disminuir hasta llegar a su punto más bajo de ¢136.912 millones en junio y a partir de julio se evidenció una mejoría, que según datos preliminares de octubre llevan la facturación a unos ¢150.773 millones.

En el caso del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte la facturación antes de la pandemia era cercana a los ¢82.500 millones y a partir de marzo de 2020 empezó a disminuir hasta llegar a su punto más bajo de ¢68.640 millones en junio. De igual forma, a partir de julio se evidenció una recuperación que a octubre había llevado la facturación a ¢78.490 millones.

La Caja también reportó que entre enero y octubre de 2020 hubo una diferencia de ¢94.789 millones entre transferencias estatales esperadas y las canceladas en el Seguro de Salud, es decir, el Estado canceló solamente un 60% de las sumas presupuestadas. Respecto al IVM, esa diferencia fue de ¢44,568 millones de colones, para un pago del 68% de lo presupuestado.

A noviembre de 2020 los gastos derivados de la pandemia ascendieron a 125 mil millones de colones, financiados desde el Fondo de Contingencias del Seguro de Salud, del cual se han comprometido ¢79.568 millones. A eso se suman 13.902 millones de colones por pago de incapacidades derivadas de la COVID-19.

Considerando tanto los ingresos inferiores a los esperados en términos de recaudación y transferencias del Estado, como las presiones sobre el gasto reflejadas en las asignaciones presupuestarias del Fondo de Contingencias y pago de incapacidades por COVID-19, el impacto acumulado de la pandemia sobre las finanzas de la CCSS a noviembre 2020, se estima en ¢338.089 millones, de los cuales ¢206.412 millones corresponden al Seguro de Salud y ¢131.676 millones al Seguro de IVM. Para el cierre del año y dependiendo del comportamiento de las transferencias del Estado, se proyecta que el impacto global en la CCSS podrá alcanzar los ¢430.738 millones.