El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el abogado Wálter Brenes Soto han levantado recientemente serios cuestionamientos en torno a las rutas 27 y 32, que ponen una vez más la lupa sobre dos de las vías de mayor importancia en el país.
El lunes pasado el Lanamme de la UCR reportó que 22 puntos de la Ruta 27 presentan alta susceptibilidad a deslizamientos. Así mismo, si bien el pavimento principal muestra buenas condiciones Lanamme detectó una “tendencia al deterioro de "forma acelerada”, por lo que recomendó intervenciones a corto plazo, ya que actualmente el el 58% la vía se encuentra en estado “regular”.
Adicionalmente, se determinó —por ejemplo— que en el sentido San José-Caldera un 40% de la vía está en la categoría de “deslizante” y un 17% en la de “muy deslizante”. Según, el coordinador de la unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional de Lanamme, Roy Barrantes este último dato se trata de “un hallazgo importante que debe ser atendido para garantizar la seguridad de los usuarios”.
El informe va más allá pues también reporta que tres de las cuatro radiales de la vía (Coyol, Atenas y Turrucares) "muestran muy mala condición" y requieren "intervenciones severas". Además, Lanamme advirtió sobre el hundimiento sobre el kilómetro 44 que pone en riesgo inminente de cierre a la vía.
El informe de Lanamme ya fue entregado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Mientras tanto, el día de hoy se dio a conocer que el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo acogió una medida cautelar interpuesta por el abogado Wálter Brenes Soto contra el Concejo Nacional de Concesiones, El Estado, Autopistas del Sol S.A. y la Constructora San José-Caldera por una aparente invasión ilegal y afectación ambiental en la propiedad de Omar Alvarado Gatjens, Marco Antonio Alvarado Fernández, Manuel de Jesús Alvarado Fernández y Virgita Alvarado Fernández.
A propósito de los deslizamientos y otras obras que se han venido realizando en la Ruta 27, dicho tribunal solicitó a todas las entidades mencionadas, que en dos días respondan las siguientes preguntas específicas:
- ¿Cuándo empezaron las supuestas obras de estabilización, que los actores, consideran amenazan su propiedad?
- Clarificar en qué parte de la finca se han realizado.
- ¿Cuáles obras en concreto se han ejecutado? Explicar en qué consiste la amenaza o daño actual para la propiedad.
- ¿Cuál de los demandados en este proceso las está realizando?
Según Brenes Soto, el riesgo actual para sus representados es que ante el incremento del hundimiento en el terreno del kilómetro 44, continúen los procesos de erosión y prosiga la invasión de trabajadores en la propiedad para solventar la situación.
El abogado solicitó a los demandados la detención de cualquier tipo de obra, considerando que la fecha no se ha determinado por sentencia judicial el grado de afectación e invasión a la propiedad de los actores, lo cual genera una posible afectación al derecho de propiedad.
Ruta 32
Brenes Soto también interpuso un recurso de amparo contra el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) por ignorar el compromiso de realizar pasos para fauna en el proyecto de ampliación de la Ruta 32 que fue anunciado con bombos y platillos en 2018.
En la acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Brenes indica que hasta la fecha el CONAVI aduce no contar con el presupuesto para la construcción de esos pasos que permitirían proteger la fauna del parque nacional Braulio Carillo y que, como se indicó, fueron anunciados como parte del “compromiso ambiental del país en materia vial”, según dijo el entonces ministro de Transportes, German Valverde González.
