El Congreso muestra señales cada vez más claras de querer retomar a la normalidad previa a la pandemia de COVID-19. Dicha normalidad incluye las famosas pero muy desaprovechadas interpelaciones.
Este jueves 41 diputados aprobaron por unanimidad llamar a cuentas a la ministra de Educación, Giselle Cruz Maduro, sobre el estado actual del sistema educativo nacional, el impacto financiero que sufrirá por la actual crisis económica, qué ocurrirá con el curso lectivo 2020 y 2021, las medidas que adoptará el MEP para evitar el rezago escolar, disminuir la brecha digital y cualquier otro tema que sea de resorte de esa institución.
La moción fue impulsada por la diputada liberacionista, Silvia Hernández Sánchez, quien afirmó que la problemática educativa no es un tema menor, pues por el contrario es vital para el desarrollo del país y por supuesto, esencial en la etapa post crisis.
El éxito de la interpelación, entendida esta como una sesión donde los diputados tendrán un productivo intercambio de preguntas y respuestas con la ministra de Educación, dependerá finalmente de si los diputados se toman con la seriedad del caso la problemática educativa que se vive y se vivirá por los efectos de la crisis, por los próximos años.
Si vamos a presenciar otra interpelación en la que los diputados se dedican a hacer discursos tal cual espacio de control político de los miércoles, pues... apague y vámonos.
Otra moción de interpelación, pero esta vez impulsada por diputados que de alguna u otra forma han legitimado al autodenominado Movimiento Rescate Nacional, pretendía interpelar al ministro de Seguridad, Michael Soto, por la "infiltración" de policías en las protestas convocadas por dicho grupo, así como el uso de la fuerza para levantar los bloqueos en distintos puntos del país.
A diferencia de la interpelación a la ministra de Educación, esta moción fue rechazada por mayoría: 16 a favor, 24 en contra, 17 ausentes.
Votaron a favor José María Villalta del Frente Amplio, los independientes Dragos Dolanescu, Erik Rodríguez y los neorepublicanos presentes, así como el diputado Oscar Cascante del PUSC, María José Corrales, Franggi Nicolás, Aida Montiel y David Gourzong de Liberación Nacional, así como Mileidy Alvarado de Restauración, Wálter Muñoz y Patricia Villegas del PIN.
En contraparte, votaron en contra los diputados del PAC, Aracelly Salas y Erwen Masís del PUSC, el resto del PLN presente, las independientes Zoila Volio e Ivonne Acuña, así como Xiomara Rodríguez, Floria Segreda y Carlos Avendaño de Restauración Nacional.
Breves
— Este jueves se caracterizó en el Plenario por darle dispensas de trámites a proyectos, continuar la discusión del Presupuesto Nacional 2021 y... negarse a sesionar más allá de las 6 pm para votar el proyecto de Ley Pagar, que pretende usar los superávits de varias instituciones para el pago de deuda...
— Con 41 votos a favor y ninguno en contra se aprobó dispensar de trámites el expediente 22.181 que pretende extender, nuevamente, el plazo de entrada en vigencia del Código Procesal Agrario promulgado en septiembre de 2018.
— Con 39 votos a favor y ninguno en contra se aprobó dispensar de trámites el expediente 22.153 denominado Ley de Patentes de la Municipalidad de Río Cuarto.
— Finalmente, el único proyecto que se votó en el Plenario fue el expediente 22.122, que autoriza al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) a donar un inmueble de su propiedad al Ministerio de Educación Pública, para la construcción de la delegación policial de Desamparados Sur.
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 21.448 Ley para el fortalecimiento, coordinación y planificación del resguardo fronterizo, con el cual se se coordinará, planificará, se brindará asistencia mutua y se garantizará organización regional de los distintos cuerpos policiales e instituciones públicas que atienden las fronteras del país.
La iniciativa del diputado Gustavo Viales propone crear el Sector Institucional Fronterizo compuesto por todas las instituciones encargadas de vigilar, administrar y proteger las fronteras nacionales.
— La Comisión Especial de la Mujer dictaminó afirmativamente el expediente 21.051 que reforma la Ley de Asociaciones Cooperativas para obligar a esas organizaciones a cumplir con la paridad de género, tanto en ellas como en las instancias que rigen el cooperativismo. Julia Herrera, coordinadora de la Asociación de Mujeres en Cooperación para el Desarrollo, dijo que esta idea tiene 18 años de discusión en el parlamento y que en todo el movimiento cooperativo las mujeres las integran en un 48% pero en puestos de dirección solamente alcanzan el 17%.
Asimismo, dicha comisión dictaminó en forma positiva el expediente 21.329 Ley para resguardar la integridad en el otorgamiento de premios y condecoraciones, que establece una obligación al Estado de no entregar o en su defecto obligación de retirar cualquier galardón, premio, reconocimiento o similar que haya recibido una persona que haya sido declarada culpable en vía judicial de uno o más de los delitos sexuales tipificados en el Código Penal o en leyes especiales, como la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.













