El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) expresó este lunes su oposición a la redacción actual del proyecto de ley 21.702 que se tramita en la Asamblea Legislativa, el cual pretende imponer la obligación de rendir cuentas sobre el uso que se hace del dinero dado por concepto de una pensión alimentaria.
A través de un pronunciamiento, la institución señaló que tal exigencia constituye un acto de violencia patrimonial y recordó que en Costa Rica existen 189.927 expedientes de pensiones alimentarias activos, con un monto promedio de apenas 102.671 colones por caso, no por persona beneficiaria.
Según el Inamu, a esa realidad se suma la evidencia que arroja la Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia (EMNA) de 2018 y del Observatorio de Género del Poder Judicial que indican que las mujeres son quienes históricamente quedan a cargo de las personas menores de edad, adultas mayores y personas con discapacidad, lo que constituye una sobrecarga no solo del cuido, sino económica a las mujeres.
En Costa Rica, es frecuente que los alimentos se compren en pulperías u otros comercios que, dada su naturaleza tributaria de régimen simplificado, no tienen el deber de emitir factura, lo cual complejiza aún más este trámite que pretende el proyecto. Además, el ordenamiento jurídico ya tiene vías para judicializar la situación en caso de que el dinero de la pensión alimentaria no esté siendo bien utilizado.
La institución también afirmó que la iniciativa implicaría una mayor carga de trabajo para los juzgados de pensiones alimentarias, los cuales ya tratan de tramitar casi 200 mil expedientes activos en todo el país.
Debido a esto, desde el INAMU hacemos un llamado a las personas diputadas para que no se apruebe el proyecto de ley 21.702 y se valore la posibilidad de aprobar otras alternativas más idóneas para resguardar el derecho de las personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad, sin ir en detrimento de los derechos de las mujeres.
