La Contraloría General de la República presentó su segundo informe de la auditoria que realiza a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) para determinar el nivel de cumplimiento de los mecanismos de prevención de riesgos en los procesos ejecutados para la atención de la emergencia ocasionada por la COVID-19. El enfoque se colocó sobre la gestión de ingresos que se ha efectuado para la atención de la pandemia en el Fondo Nacional de Emergencias, y se concluyó que la CNE no ha elaborado análisis prospectivos que permitan dimensionar la sostenibilidad del FNE para hacer frente a la presente emergencia.
La Contraloría encontró que es necesario fortalecer la potestad de la CNE para la recaudación de ingresos para el Fondo, y señaló que los recursos que recibió la CNE por parte de diversas instituciones no tuvieron un análisis de la disponibilidad de ingresos y asignación del gasto previos, pese a la potestad de la CNE de solicitar a las instituciones públicas el dinero que se requiera para atender la emergencia.
Según el informe el Fondo ha recibido un total de ₡20.790 millones para la atención de la emergencia por COVID-19, recaudados de 11 instituciones, según se muestra en la siguiente tabla:
Según señaló la Contraloría en su informe, la CNE debe priorizar las necesidades por atender, establecer la relación causa-efecto entre el evento ocurrido, las acciones y el financiamiento requerido, todo mediante un proceso articulado que ponga en perspectiva la urgencia de los aportes y considere los análisis disponibles de los posibles impactos de la pandemia en las instituciones y sectores.
Adicionalmente, la Contraloría apuntó que se debe realizar un análisis prospectivo en la gestión del Fondo, para lo cual la CNE debe elaborar análisis que permitan dimensionar la sostenibilidad del Fondo para hacer frente a la presente emergencia, y disponer de información suficiente para la toma de decisiones en cuanto a la captación de ingresos y su aplicación en gastos.
La Contraloría recordó que temas como los cambios normativos que afectan la recaudación (como el recién aprobado proyecto 21.217 en el cual se reforma la Ley N.° 8488 mediante la inclusión del artículo 46 (bis), para excluir a las municipalidades y concejos municipales de distrito, del pago del tributo del 3% sobre el superávit libre que genere y además se les condonan las deudas), la disminución en superávit libre del periodo 2020, y la tendencia a la baja de los recursos libres del Fondo, así como otros factores emergentes relacionados a los gastos deben ser objeto de un análisis integral para la construcción de escenarios que permitan preparar proyecciones fiables para la toma de decisiones, principalmente en una emergencia como la actual, en la cual existe incertidumbre asociada con la disponibilidad y desembolso de recursos.
El informe detalla que los recursos de las instituciones han sido insuficientes para cubrir los costos de la emergencia por COVID-19, por lo que los recursos libres del Fondo de Emergencias han financiado en parte la emergencia, mientras que los recursos disponibles en el Fondo presentan una tendencia a la baja, pasando de contar con ₡47.444,6 millones en marzo a ₡26.820,3 millones en agosto.
