El pasado 23 de setiembre, con el marco de una pandemia que suele hacernos ver todo lo demás pequeño, se firmó la Ley 9903. Esta legislación, cierra el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y consolida normativamente en el IMAS las transferencias monetarias condicionadas para estudiantes de prescolar, primaria y secundaria.

El significado de dicha reforma puede ser explicado por los principios que imprime al ordenamiento en el sector social, y también por las implicaciones en la cobertura y calidad de los servicios que recibe la población.

Ambos elementos representan un paradigma ciudadano-céntrico de la reforma del Estado, poniendo en el centro a la gente, y sustentándola en el trabajo técnico y la creación del valor público que exige el institucionalismo de este siglo. Este enfoque se contrapone a quienes centralizan el debate en la ideología o a los prejuicios, para promover un reformismo oportunista e improvisado que alimenta al populismo de los candados y los cálculos a mano alzada.

En el caso de Fonabe, hay que recordar que durante la segunda República, este tipo de reformas institucionales no han sido la norma en el sector social.  Era entonces razonable que el escepticismo de muchos pesara en contra nuestra cuando, en el mes de febrero de 2019, presentamos un decreto que daba un plazo de cinco meses para el traslado del 95% de la población de Fonabe (aproximadamente 200 mil estudiantes) al IMAS.

Dicho hito se logró sin discontinuidad en las transferencias de las personas beneficiarias pero, principalmente, se alcanzó para cambiarles su experiencia con la institucionalidad. Así, se eliminaron aproximadamente seis mil beneficios duplicados en estudiantes de secundaria; se redujo la discontinuidad de los beneficios en el tránsito de los ciclos de preescolar, primaria y secundaria; se acercaron —como no sé había hecho en más de 20 años— los servicios al nivel regional, mediante las 38 oficinas locales del IMAS las cuales realizan hoy los trámites que antes desplazaban a miles de familias a San José, y se ha reducido la carga administrativa de docentes. Esto, además generó la confianza política para una reforma mayor con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en marzo de 2019, que a la larga contó con un apoyo decidido de las diputados y diputadas un cambio histórico.

Año y medio tardamos en ponernos de acuerdo para dejar atrás la duplicidad que generaba el Fonabe, y cerrar los portillos jurídicos que por 12 años permitieron una de las ineficiencias más odiosas y caras que teníamos. Como fruto de este esfuerzo el país ahorrará más de 1 000 millones de colones al año en alquiler, pagos de servicios, contratos varios, y otros gastos, que a su vez podrán ayuda al cierre de brechas de acceso a las transferencias monetarias para la permanencia en el sistema educativo.

El Gobierno de la República, se comprometió a reorganizar el sector social para reducir su dispersión, generar mayores resultados y reducir trabas burocráticas, y no ha dejado de hacerlo. Empero, imprimir más eficiencia y orden en el sector social es un ejercicio de precisión que debe prevenir malas praxis jurídicas con afectaciones a los servicios públicos que generan los programas sociales, principalmente sensibles en el marco de esta pandemia. Llenos están los archivos de la Asamblea Legislativa de propuestas, parciales o generales, que no han visto la luz por ser potencialmente lesivas del Estado Social de Derecho que resguarda a nuestra democracia.

Ni reformar por el mero afán de cerrar, ni dejar de cambiar.  Este Gobierno no cesará de plantear las reformas que sean necesarias y justas, pero sustentadas en la evidencia, y no en ocurrencias que precipiten la desprotección social. La reforma institucional debe siempre responder a las necesidades de bienestar de nuestra gente, tal como lo orden nuestra Constitución y como se ha hecho con el cierre de Fonabe.

La equidad y la sostenibilidad de nuestro sistema de protección dependen de este balance entre la transformación y el resguardo estricto a los derechos tutelados por el Estado.

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