La sentencia de la Sala Constitucional abrió una oportunidad enorme para cambiar el rumbo de la pesca en el país, para reorientarla y empoderar aún más los modelos de pesca responsable. La oportunidad se escapó, y de eso el Partido Acción Ciudadana carga gran parte de la responsabilidad sobre sus hombros. Transcurrieron siete años tras el voto y el PAC ha gobernado en los últimos seis.

A pesar de que el Plan de Gobierno de Luis Guillermo Solís indicaba su oposición a que se reactivara el arrastre de camarón, su gobierno se dedicó abiertamente a promover un proyecto de ley para la reactivación del arrastre, objetivo de la mesa de diálogo que instauró, en la cual participé como representante del sector ambiental.

Durante la actual administración del presidente Carlos Alvarado, tampoco se materializó el compromiso de no reactivar el arrastre, porque para ello se requería más que la oposición de la diputada Paola Vega Rodríguez a un nuevo proyecto de ley. Para materializar el compromiso se necesitaba atender la problemática socioeconómica del sector camaronero de forma integral. De no hacerse, estos pescadores seguirían, y con toda razón, generando presión en la Asamblea para volver al mar. No trabajar en la generación de soluciones y alternativas productivas que permitieran mitigar el impacto de la eliminación de las licencias, solo garantizó que tarde o temprano se aprobara la ilógica ley. Y eso era tarea del Poder Ejecutivo.

Si verdaderamente existía un compromiso gubernamental de convertir a Costa Rica en un país libre de redes de arrastre, la búsqueda de soluciones integrales debió ser una acción prioritaria en la Agenda Azul del gobierno, para que mediante trabajo interinstitucional se generaran resultados tangibles y concretos dirigidos, entre otros objetivos, a disminuir esa presión social que acabó canalizada en el Congreso.

Culpar hoy a la Asamblea Legislativa por la aprobación de la ley que reinstaura el arrastre no es más que pretender, una vez más, echarle la culpa a los demás. El PAC debe asumir la responsabilidad de lo que no fue capaz de resolver en seis años desde el Ejecutivo. Decir que la lucha no se ha perdido porque se puede volver a la Sala Constitucional o llevarlo a un procedimiento contencioso administrativo es un irrespeto para quienes desde la pesca artesanal y la sociedad civil han luchado incansablemente por sostenerlo todo este tiempo. Eso solo significa poner el tema de nuevo en el punto cero y reconocer que se perdieron siete años.

Enfoque integral. Los hechos generadores de la sobrepesca, la pesca ilegal y el uso de artes de pesca no sostenibles – como el arrastre de camarón – tienen múltiples causas en Costa Rica, de índole operacional, legal, institucional, de política pública y de recursos humanos.

Una Asamblea Legislativa que realmente se interese por el bienestar de los pescadores y la sostenibilidad de los recursos marinos y pesqueros, antes de pasar una ley de este tipo, no debería pasar por alto los grandes vacíos y debilidades que tiene el país en todos estos ámbitos. En una actividad pesquera tan invasiva como el arrastre, estas falencias del sistema representan una amenaza mayor.

En nuestro país es urgente la reestructuración legal e institucional del sector pesquero y desarrollar legalmente instrumentos de gestión ambiental pesquera. La gestión ambiental de la pesca debe tener protagonismo y estar respaldada por la ley y los reglamentos, como sucede en otros países de la región y el mundo, mucho más desarrollados en materia pesquera. Es la única manera de garantizar verdaderamente la sostenibilidad de la actividad pesquera. Un estudio puntual no garantiza dicha sostenibilidad, porque precisamente el concepto mismo evoca a una actividad de investigación, monitoreo, fiscalización y control sostenida en el tiempo, que el INCOPESCA, como autoridad administrativa en la materia, no está en capacidad de garantizar.

En esta historia, las organizaciones de pesca artesanal de pequeña escala dieron la lucha que le correspondía y más. Las ONG marinas, las universidades públicas, las organizaciones de pesca turística y deportiva, la sociedad civil, los medios de comunicación, todos hicieron su parte del trabajo. El Partido Acción Ciudadana quedó debiendo. Vetar la ley es lo que corresponde, aunque solo enmendaría una parte de la ecuación. Debemos comprender que la problemática es muy compleja, y no termina ahí.

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