Debo decir que hace falta una propuesta de “plan fiscal” mucho más balanceada que lo que hasta este momento han presentado las diversas organizaciones a cuyos documentos he tenido acceso. Los de la UNA, el movimiento de Corrales y Guido, y los elementos que han hecho visibles desde ANEP y ASDEICE, son tan extremos e irresponsables en sus peticiones, como los que dicen “ni un impuesto más”.
En un esfuerzo personal, sin pretender representar ninguna de las instituciones en que participo como directivo o ejecutivo, quiero someter este plan a su consideración.
Para superar el momento que estamos viviendo, hay que lograr varias cosas simultáneamente:
- Se deben proteger los ingresos y recursos de los que menos tienen. Ellos son los únicos verdaderamente inocentes de toda esta situación, pues no han incidido en las decisiones y, si acaso, se les ha usado como excusa para poner en marcha algunas barbaridades que en poco o nada los ayudaron a superar su pobreza. Esto quiere decir que lo que se haga debe cuidar sus ingresos, no aumentar sus desembolsos, y mantener algunos subsidios y ayudas que son parte esencial de nuestra idiosincrasia y contrato social. Si finalmente se aprueban algunos tributos, éstos deben iniciarse en montos que no afecten al 25% más pobre de nuestra población.
- Habrá que aumentar los ingresos fiscales y esto implica cuatro cosas. Cobrar mucho mejor los tributos existentes; ampliar la base de contribuyentes, combatir ferozmente el contrabando, y reducir los “hoyos” de nuestra legislación que permiten eludir impuestos: una vez bien calculado lo que esto podría significar en 18 meses y en lo sucesivo; si hiciera falta se podría considerar el aumento temporal de algún tributo y éste debe ser de amplia base, fácil de cobrar, y con exoneraciones en aquellos productos y servicios que afecten a los que menos tienen. Por ejemplo, tres puntos más en el IVA de productos “de lujo”; dos puntos más en el IVA de la gran mayoría de los productos; y mantener la exoneración de una canasta básica bien definida.
- Eliminar o minimizar todos aquellos trámites, procesos y prácticas públicas que afecten negativamente la productividad y fomentar la inversión productiva. Para esto hay que eliminar o simplificar profundamente miles de trámites que crean ningún o muy poco valor; activar más agresivamente la banca de fomento y promover el emprendedurismo productivo; fortalecer el desempeño integral del clima de negocios al mejorar la conectividad en acceso y costo; mejorar la infraestructura logística del país; consolidar el proyecto de modernización del INA; modernizar la matriz energética del país y bajar el costo de a electricidad para los pequeños consumidores, la producción, y el comercio. Fortalecer la atracción de inversión extranjera directa, del comercio internacional y del comercio regional centroamericano. Esto es esencial pues el crecimiento de la producción y el empleo productivo es tanto o más importante que la reducción del gasto para reducir el déficit y la deuda como porcentajes del PIB.
- Reducir estructuralmente el gasto público. Para esto hay tres mecanismos claros; eliminar todos los órganos desconcentrados de nuestra institucionalidad, salvo unos 5 que se demuestre que realmente ahorran recursos o crean valor a la ciudadanía y/o productividad al clima de negocios; montar un sistema de ventanillas únicas digitales para aquellos trámites que legal o regulativamente se deban mantener y acelerar la digitalización de servicios del Estado y de las entidades autónomas; eliminar todas las instituciones o programas redundantes o que se puedan, mediante tecnología u otras formas, consolidar en una sola. Para esto hay que crear un programa mucho más agresivo de retiros voluntarios y aprobar la ley de empleo público que se ha diseñado y que “congela” los ingresos de los empleados públicos mejor pagados, hasta que se logre balance, uniformidad y racionalidad en sus salarios, derechos y deberes en todas las instituciones del Estado.
- Eliminar y/o moderar exoneraciones y transferencias que no son indispensables desde la perspectiva social, ambiental y/o productiva. Debe hacerse un esfuerzo claro por ajustar a nuestra realidad fiscal las exoneraciones y transferencias de ley, revisarlas anualmente para evitar que vuelvan a crecer o salirse de control y establecer reglas fiscales adecuadas a cada una de ellas. La actual regla fiscal debe aplicarse a todas ellas sin excepción.
- Cerrar entidades públicas obsoletas (CNP, RECOPE, JAPDEVA, etc.) e integrar aquellas de sus funciones que aún crean algún valor a la ciudadanía del país, en instituciones públicas existentes o mediante concesiones al sector privado nacional, considerando organizaciones cooperativas, fideicomisos públicos de amplia participación y finalmente concesiones a empresas especialistas.
- No se debe seguir subsidiando o permitiendo excepciones contables en sus costos a aquellos sectores que reciben protección del Estado y que, al hacerlo, encarecen los productos o servicios que proveen para todos los consumidores costarricenses. Si esto se hace bien, debieran poder bajarse los costos de alimentos esenciales, el costo de la electricidad y de otros productos y servicios básicos.
- Racionalizar todos los alquileres y revisar “a la baja” todos los contratos vigentes en el Estado y sus instituciones para asegurar que se manejan dentro de un estándar de mercado que se aplicará como regla general a todo este tipo de contratos, acuerdos y transacciones.
- Aplicación transparente y total del SICOP, para asegurar que se aplica un solo estándar de compras y se utilizan sus mecanismos de licitación y negociación “a la baja” para reducir los costos de proveeduría del Estado costarricense. Esto debe hacer de inmediato y sin excepción en todas las entidades internas y autónomas del Estado Costarricense.
- Poner un límite claro y único a todas las pensiones del país. Es indispensable que todos los pensionados se administren bajo el régimen de IVM de la CCSS, aún si por razones de haber hecho mayores aportes tienen derecho a una pensión superior al límite máximo. Para estos casos existentes se respetará un límite común establecido (12 salarios base) o lo que corresponda según el IVM y se eliminarán en lo subsiguiente para los nuevos empleados de todos los regímenes, que en lo sucesivo estarán bajo en régimen único de IVM. En otras palabras, las llamadas pensiones lujo se limitarán a un máximo de 12 salarios base o lo que corresponda (el que sea menor).
- Apoyarse en naciones amigas, miembros de OCDE, para modernizar todo el sistema de información del ministerio de Hacienda lo antes posible. Para esto debe hacerse un análisis de las mejores prácticas y los mejores sistemas disponibles y negociar un acuerdo para su instalación cuanto antes y sin excepciones departamentales
- Activar docenas de concesiones y alianzas público privadas en áreas de infraestructura logística, educativa, sanitaria, energética y de conectividad; tercerización de servicios (donde se puede recibir en el sector privado a los empleados desplazados del sector público), que vengan a reactivar el empleo y la economía nacional. Para esto es indispensable desarrollar un marco general de regulación que asegure que se protegerá los intereses de los consumidores nacionales, que se negociará transparentemente y con amplia fiscalización de la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes la elaboración de cada cartel, cada licitación y cada negociación y contrato; que se eliminarán las apelaciones gratuitas (el que apele deberá pagar los costos de los retrasos al Estado si pierde la apelación).
- Si aún hace falta, vender algunos activos del Estado; aquellos que sean redundantes en primer lugar; aquellos que permitan abrir monopolios que son indeseables para los consumidores y para la producción nacional; los que limiten la inversión privada en productos o servicios o limiten la innovación y modernización de sectores clave de la economía nacional. Dentro de estos se pueden considerar algunas entidades del sector financiero, parte de la cartera de seguros del INS, parte de la cartera de clientes de Kölbi, y otras que puedan ser interesantes en los siguientes dos a tres años, una vez que se haya estabilizado la economía internacional, pero con el compromiso de que, si llega a hacer falta, se venderán y se optimizará su valor, hecho desde ahora.
- Finalmente, creo que a partir del 2023, pero aprobado para el Bicentenario, se debe gestar una nueva ley de planificación que, de acuerdo con el Acuerdo Nacional, fortalezca y transfiera todas la labores de planificación del Estado costarricense a MIDEPLAN, incluyendo la elaboración del presupuesto nacional, cada año, con base en el plan nacional y objetivos de desarrollo, dejando al Ministerio de Hacienda con una verdadera función de finanzas públicas, limitándolo a gestionar la finanzas del Estado costarricense y según las necesidades de los planes nacionales de desarrollo emanados de MIDEPLAN.
- Nuestra meta debe ser llegar al 2030, después del cierre de este gobierno y de dos gobiernos completos más, con un balance fiscal completo, ni déficit ni superávit; con una deuda que represente menos del 30% del PIB, en buena parte sustentado este indicador en el crecimiento de la producción y el manejo cuidadoso de nuestro endeudamiento, gracias a concesiones, APPs y la moderación del gasto que se ha propuesto en incisos anteriores.
Esto es exigente y lo sé. Por eso mismo creo que se debe revisar la estructura del gabinete, nombrar para el cierre de este gobierno a personas cuidadosamente seleccionadas por su experiencia y valores; acompañados por verdaderos expertos nacionales e internacionales en temas clave de este plan; que acuerpen, de manera ad-honorem y por los próximos 18 meses, con un alto sentido de compromiso y patriotismo, a quienes ocupen los puestos de ministros y ministras.
También hay que lograr un Acuerdo de Partidos Políticos en la Asamblea Legislativa que garantice 38 o más votos a cada una de las propuestas, para superar los problemas de inconstitucionalidad que pueda haber. El momento que vivimos así lo exige. Estamos en una emergencia, nuestro contrato social está roto, nuestro país al borde de una quiebra técnica y de un conflicto social sin precedentes. Es momento de “enrollarse en la bandera nacional” y hacer los acuerdos que hagan falta para superar esta situación.
Estamos en emergencia nacional. Es hora de actuar, no tirándose a la calle y complicando aún más el problema, sino enfocados en soluciones con líderes fuertes en el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las instituciones de los sectores, sindical, solidarista, cooperativo y empresarial. Es la hora de actuar para hombres y mujeres con un alto sentido de responsabilidad por la patria.
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