Ante su manifiesta incapacidad de gobernar, el Ejecutivo convocó a unas mesas de diálogo como válvula de escape a la presión social de las últimas semanas. La credibilidad del Ejecutivo es tan precaria que ni siquiera ha logrado que todos los interlocutores invitados se sienten a la mesa.

Los discursos oficiales justifican la necesidad del diálogo en que es la vía costarricense de resolver los conflictos. Dudo de la exactitud histórica de esa idea, sin embargo, lo que sí es cierto es que esa negociación corporativista sí ha sido la forma histórica de gobernar Costa Rica en los últimos sesenta años, y el grueso de la población costarricense padece hoy sus efectos.

En este corporativismo, a grupos de intereses y a organizaciones sociales se les ha concedido estatus político, para negociar, promover o vetar regulaciones, e incluso para aplicar o no la ley. Tan enquistado está el corporativismo en el ADN criollo, que nos parece legítimo que, para resolver un problema eminentemente técnico – económico, lejos de convocar a un grupo pluralista de técnicos, el Ejecutivo seleccione a dedo un puñado de organizaciones por las que nadie ha votado y se siente con ellas a negociar el futuro del país. Este es el juego de chapas gremial de toda la vida, en donde el que parte y reparte, se lleva la mejor parte.

Este sistema corporativista hace que los individuos que por cualquier motivo no formamos parte de ninguno de esos clanes, nos veamos privados de representación. En este gremialismo, a cada individuo lo define su profesión u oficio, y más recientemente, sus concepciones religiosas. Si en el medioevo se era mercader, militar, religioso o aristócrata, hoy se es trabajador, profesional, empresario, cooperativistas, solidarista, etc. Debemos pertenecer obligatoriamente a nuestro gremio, que en teoría nos defiende y nos representa.

Esos grupos adquieren poder político en virtud de la legitimación que les concede el propio Estado, y se cae en la falacia de creer que el representante del gremio representa a todos sus integrantes. Son además monopólicos, ya que favorecen la representación de sectores tradicionales ya estructurados (Uber vs. Taxis, por ejemplo), y cierran espacios a nuevos actores, para favorecer así a los interlocutores ya jerarquizados que, en nuestro país, conforman el ménage à trois: Gobierno, UCCAEP y ANEP.

Uno de los principales efectos negativos del corporativismo es económico, derivado de la limitación de la competencia. Estos gremios procuran conseguir las mejores condiciones para sí, pactando con el gobierno convenciones colectivas para lo público y beneficios arancelarios e impositivos para lo privado. El sistema político se sostiene, entonces, sobre la base de la cooperación entre el gobierno y estos gremios, a cambio de regulaciones favorables. Esos intereses gremiales se disfrazan como bien común, y que, por ende, deben prevalecer sobre los intereses individuales, que son los de todos aquellos que no estamos gremializados.

Pero el otro efecto negativo del corporativismo es sobre la misma democracia. En una democracia constitucional, los ciudadanos elegimos a nuestros representantes, que son, o al menos deben ser, los únicos legitimados para la toma de decisiones públicas. El corporativismo erosiona la democracia en el tanto estos grupos se consideran actores políticos legitimados a inferir en la política pública, que terminan imponiéndose a las estructuras formales de poder en la defensa de intereses sectoriales, en franco deterioro del interés general.

La fiesta corporativista se acaba cuando esos gremios, incluyendo al político, se acaban los recursos disponibles y comienzan a pelear entre ellos por su propia supervivencia. De la coordinación de intereses a la ley del más fuerte.

La ciudadanía no votó por ninguna de las organizaciones que el Ejecutivo llamó a negociar. No votó tampoco por las organizaciones que decidieron tomarse el país por dos semanas, ni por la que se ufana de haber solucionado esta toma en 5 horas. La ciudadanía votó por partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa y que son los llamados a resolver el entuerto en el que estamos, ojalá por una vez en la vida con criterios técnicos y procurando el bienestar real de los ciudadanos, y no los intereses gremiales que nos tienen al borde del precipicio.

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