Caracterizar al señor Hidalgo como “vil golpista” es en extremo simple y banaliza los golpes de Estado que sí han aquejado a la región latinoamericana. A pesar de ello, su reciente propuesta de ceder los poderes de gobierno no es constitucional y, por el contrario, representa un peligro contra el Estado de Derecho, lo cual también perjudicaría la confianza de los mercados y, consecuentemente, empeoraría la situación económica del país.
La propuesta de Hidalgo. En la columna denominada “De frente: una salida institucional”, el señor Hidalgo plantea que la estrategia de Carlos Alvarado ante la —sin duda— precaria situación económica y social del país consiste en “dilatar la toma de decisiones para que el inminente pánico de los mercados no deje otra opción que aprobar los impuestos que siempre ha pretendido”. Ante esta situación propone que: i) el rol del presidente actual sea un “papel ceremonial”, y ii) que las funciones de gobernar recaigan sobre el ministro de la Presidencia, junto con un gabinete tecnocrático. Debido a que el liderazgo del presidente “se agotó”, debe “dar un paso atrás”. El nuevo ministro / presidente de facto: Rodrigo Arias.
¿Por qué no es un golpe de Estado? De forma superficial se podría argumentar que la propuesta no plantea el desmantelamiento total del gobierno actual: el PAC seguiría siendo el partido de gobierno. Pueden permanecer las personas que actualmente se desempeñan como ministros o ministras. Además, sujeta la creación del gabinete tecnocrático a la voluntad de Carlos Alvarado, quien sería el encargado de elegir a su “sucesor” y se colocaría por decisión propia en un segundo plano.
¿Es razonable? Hay que ser muy partidario del PAC y de Carlos Alvarado para negar que los últimos años han sido nefastos para el país y que es urgente cambiar el rumbo de Costa Rica. Más allá de lo realizado los anteriores gobiernos del bipartidismo, lo cierto es que los gobiernos PAC han sido ineficientes y, en muchas ocasiones, han profundizado los males del país. Igualmente, es razonable pensar en una reforma de la Constitución, como lo ha planteado Alex Solís, migrar a un sistema parlamentario, como lo propuso Abril Gordienko, o reformar el sistema electoral. Es necesario concebir una nueva forma de gobierno que aporte mejores herramientas para los problemas de gobernabilidad.
Lo inconstitucional. Hidalgo, y quienes defienden su propuesta, consideran que sí es posible implementarla porque el presidente puede crear carteras ministeriales, nombrar ministros y removerlos. Esto es así, pero no por ello es posible materializar el propuesto gobierno “Super Ministerial”. El ordenamiento jurídico lo impide. Si bien, no toda responsabilidad recae exclusivamente sobre la figura del presidente, la Constitución Política es clara al indicar que el de los ministros es en “calidad de obligados colaboradores” (art. 130), los cuales serán nombrados y removidos libremente por el presidente (art. 139). Es claro que el Poder Ejecutivo no lo puede ejercer ni uno ni otro de forma autónoma, sino conjunta. La propia Constitución enumera en su artículo 140 cuáles son los deberes y atribuciones que les corresponden conjuntamente. Así, la propuesta es contraria a la Constitución, pues no hay forma de que el presidente delegue sus funciones y que éstas sean ejercidas exclusivamente por un Ministerio, sea cual sea; con gabinete tecnocrático, o sin él. El presidente debe, sí o sí, gobernar.
Lo preocupante. Actuar contrario al ordenamiento jurídico representa en sí un rompimiento del Estado de Derecho, lo cual perjudicaría aun más la confianza de los mercados. Además, desacatar el ordenamiento conlleva abrir la puerta para debilitar la seguridad jurídica. El señor Hidalgo lo sabe y así lo ha defendido en el pasado. No obstante, en esta ocasión sus sesgos ideológicos y su actitud partidaria lo han llevado a no poder concebir una propuesta en la que Carlos Alvarado siga ejerciendo el gobierno. Plantea, en sus palabras, una “salida institucional”, pero ¿contempla también una salida que no sea por vías institucionales? Su cálculo político lo ha llevado a proponer la supresión de la voluntad popular por un desacuerdo en las políticas públicas del actual gobierno, además de proponer como presidente de facto a una persona a quien hace unos años criticaba por razones similares. Juan Carlos Hidalgo no propuso un golpe de Estado, pero demostró su desdén por la democracia.
¿Y entonces? Algo es definitivo, quien debe ostentar la Presidencia —en el papel y en la práctica— hasta el final del mandato es Carlos Alvarado. No obstante, el presidente trabaja para el pueblo y su mandato nos ha llevado a un punto de quiebre. Como ciudadanos tenemos el deber de exigir de forma vehemente un cambio en el rumbo del gobierno y posteriormente elegir un nuevo presidente en las urnas. También, tenemos el deber de seguir buscando propuestas, las cuales pueden incluir una reforma profunda del Estado. Eso sí, siempre por medio de las vías constitucionales y respetando la voluntad popular.
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