El jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón Monge, presentó un proyecto de reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa que pretende poner fin a la aprobación de leyes en el Congreso que son financieramente irresponsables, al crear gastos sin fuente de financiamiento.
Se trata del expediente 22.257, el cual adicionaría un artículo 119 bis al Reglamento Legislativo para establecer, desde el momento de su aprobación, que:
Todo proyecto de ley que implique una erogación adicional de recursos públicos, deberá especificar y acreditar los fondos que garanticen su efectiva aplicación. Estos no podrán provenir del endeudamiento público, salvo que se trate de gastos de capital.
Los proyectos de ley de presupuesto ordinario, extraordinario, o modificaciones presupuestarias, así como las proposiciones de reforma constitucional, se regirán por su regulación normativa específica.
Chacón planteó la reforma al exponer que el déficit fiscal se encuentra en 5,86% del Producto Interno Bruto (PIB) y podría aumentar a un 9,3% al finalizar el año, con una disminución de los ingresos fiscales de un 11,54% con respecto al año 2019.
"Estos datos son alarmantes y requieren de soluciones y esfuerzos urgentes por todo el aparato estatal y poderes de la república. La aprobación en este Parlamento de la Ley 9635 fue un buen primer paso en la dirección correcta con miras a resolver la grave crisis de las finanzas públicas, aunque es lejos de ser suficiente, ya que todavía continúa siendo una peligrosa amenaza a la estabilidad económica y la paz social de nuestro país", afirmó.
El jefe del PLN afirmó que para evitar caer en el abismo es necesario impulsar reformas profundas en todo el aparato estatal, incluida la Asamblea Legislativa, debido al alto endeudamiento producto de obligaciones que se le asignan al Estado vía ley, sin incluir fuentes de financiamiento.
El Programa Estado de La Nación ha señalado insistentemente en sus últimos informes que de 1991 al 2014 más del 50% de las leyes que se promulgaron no identificaron el origen de los recursos para su implementación. Por otra parte, entre 2015 y 2016, de 32 leyes con mandato garantista, únicamente un 47% especificó la fuente de financiamiento, mientras que un 41% no lo hizo del todo.
La irresponsabilidad parlamentaria, conocida como "promesa democrática sin sustento económico" empeoró entre 2017 y 2018, aumentando nuevamente a la mitad las leyes aprobadas sin fuente de financiamiento. Entre 2018 y 2019, esta práctica se mantuvo en el 22% de las leyes promulgadas.
Debido a todo lo anterior, Chacón justificó la necesidad de incluir el principio de responsabilidad presupuestaria de forma explícita en el reglamento, el cual ya se encuentra reflejado en los artículos 179 y 180 de la Constitución Política de Costa Rica para la tramitación especial de los presupuestos de la República, que obliga a la Asamblea a señalar los ingresos si decide aumentar los gastos del Poder Ejecutivo.
"Con la presente reforma pretendemos extender el principio de responsabilidad presupuestaria a la tramitación de toda la legislación común y alinear el reglamento de la Asamblea Legislativa a los principios de la Constitución Política, poner a tono al Poder Legislativo con las mejores prácticas parlamentarias al momento de legislar -con conciencia fiscal- y actuar de forma responsable en el marco de una de las peores crisis de la hacienda pública que enfrenta nuestro país en los últimos tiempos", concluyó.