Nadie que se precie de demócrata y civilista puede ver con malos ojos la tardía convocatoria de diálogo hecha por el presidente de la República. En esencia el proceso será liderado por el director del Estado de la Nación y fue convocado por los presidentes del Ejecutivo y Legislativo.
El objetivo central del diálogo será la recomendación de medidas de estabilidad fiscal. Igualmente estará integrado por diversas asociaciones formales que se supone representan al pueblo costarricense, aspecto cuestionable pero que habrá que admitir en el interim como válida, dada la urgencia del tema. Estoy convencido de que la democracia costarricense ha sido secuestrada por los grupos de poder, como bien lo señaló el ex-presidente Luis Alberto Monge hace ya muchos años. No hay posibilidad en Costa Rica para que surjan nuevos líderes a menos que lo sea dentro de esas rígidas estructuras de poder ya enraizadas en el sistema y absolutamente anti-democráticas.
Ahora bien, entre los objetivos señalados por el facilitador del diálogo, don Jorge Vargas C. es “lograr una mejora permanente de al menos 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del gobierno”. En relación con la convocatoria al diálogo social se va a debatir la forma de disminuir, en el corto plazo, el monto de la deuda pública en unos 8 puntos porcentuales del producto interno bruto.
Ese es el problema más apremiante que enfrenta el país y no hay discusión alguna sobre su agenda.
Lo que sí merece un cuestionamiento constructivo es de dónde provienen los integrantes de ese foro. Parte de los sindicatos, cooperativas y asociaciones solidaristas van a ser elegidos entre aquellos de esos grupos que integran la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. No me parece razonable que de esa Asamblea que tiene una integración muy específica y con un perfil bancario, integre una quinta parte de quienes representan la sociedad civil en la mesa. Sin embargo, eso es pecata minuta en cuanto a los grandes ausentes de ese diálogo. El gran ausente es, sin duda, el Poder Judicial. Es de todos conocidos que en el tema presupuestario ese poder tiene un peso importante en el presupuesto nacional. Además, para nadie es un secreto que, para los próximos años, debido a las leyes irresponsables, impulsadas desde el mismo Poder Judicial en connivencia con la Asamblea, hay tres grandes reformas que van a requerir miles de millones de colones para su implementación. Me refiero a la Jurisdicción del Crimen Organizado, Código Procesal Agrario y Código Procesal de Familia, si no es que en el camino en Cuesta de Moras tienen alguna otra ocurrencia.
No me parece sensato discutir sobre una reforma estructural que reduzca el déficit primario y la deuda pública sin considerar al Estado costarricense como un todo y eso, necesariamente, incluye al Poder Judicial.
Ya es bien sabido que toda modificación que implique una afectación a la organización y funcionamiento de la Corte requiere de su venia so pena de exigir 38 votos para su aprobación y parece una verdad de perogrullo que de esa mesa saldrán propuestas legales que necesariamente van a afectar el presupuesto judicial. Su inclusión en el diálogo nacional se impone, salvo que el Ejecutivo insista en que no estén todos los son ni sean todos los que están.
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