La Corte Plena aprobó este viernes, en sesión extraordinaria, un recorte a su presupuesto del año 2021 por 5534 millones de colones, monto que promete no afectar los servicios esenciales que presta el Poder Judicial.
De acuerdo con la oficina de prensa de la Corte, el recorte presupuestario empezó a ser discutido ayer jueves 22 de octubre y concluyó hoy con un acuerdo en firme para coadyuvar en la contención del gasto público, dada la caída de ingresos por la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19.
"El análisis partida por partida nos lleva a emprender nuevos recortes y llegar al mínimo del mínimo para evitar el cierre técnico, postergar necesidades y políticas para un mejor momento. Ha sido muy difícil este ejercicio técnico y comprendemos el contexto que vive el país, considerando que el presupuesto del Poder Judicial no llega a representar el 5% del total del gasto del Estado", afirmó el magistrado presidente Fernando Cruz Castro.
La propuesta de reducción de los recursos judiciales para el 2021, la expuso la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez, quien señaló que el recorte alcanzaría los ¢5534 millones, y se sumarían a los ¢12 mil millones que ya se habían rebajado al remitir la propuesta presupuestaria del Poder Judicial para el próximo año.
Según indicó Valverde Bermúdez, se emprendió una labor de reducción genérica y proporcional en la mayoría de las partidas que ronda entre el 1%, 1.5% y 2%, con el fin de que la reducción sea proporcional a todas las oficinas judiciales y con ello tratar de disminuir el impacto en la afectación del servicio.
Se contemplan reducciones en subpartidas de tiempo extraordinario, recargo de funciones, disponibilidad laboral, compensación de vacaciones y dietas, de forma proporcional y que tienen referencia con la partida de remuneraciones y se incorporan los ¢1500 millones en aplicación a Ley recientemente aprobada para el no pago de anualidades.
El Poder Judicial se comprometió a renegociar los alquileres cuyos contratos vencen el próximo año.
A esto se suma la reducción global a partidas sobre servicios básicos, servicios médicos, farmacéuticos y consultorías, a la subpartida de desarrollo de sistemas y servicios generales, viáticos al interior del país.
En el caso del recorte en viáticos al exterior del país, se aplicaría únicamente en el ámbito jurisdiccional y administrativo, para no afectar la labor propia del OIJ, el Ministerio Público y la Defensa Pública.