Son tiempos de crisis evidente. Todos sufrimos. Los hechos que la alimentan nos inundan de ansiedad y gran preocupación. Las noches de insomnio y de hambre para muchos nos ha robado la paz colectiva. ¿Qué hacemos? El Gobierno ha perdido credibilidad y toca fondo a raíz de la pérdida de confianza del pueblo en general. Son muchas las promesas no cumplidas, la reiteración de discursos torcidos y faltos de convencimiento por ausencia de certeza y seguridad jurídica. Se asoma ahora, un peligro aún mayor al valorar la alianza entre el Poder Ejecutivo en la persona del presidente y la Presidencia de la Asamblea Legislativa, con la presencia de un grupo de diputados que en apariencia pierden el norte. Gracias al cielo que ya no vemos ahí al presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque de haberse dado, el golpe de Estado técnico por vía de la misma gobernanza institucional, estaría eliminando inconstitucionalmente, el sistema de frenos y contrapesos que sostiene el principio democrático.
Se hace necesaria una reflexión responsable del punto de no retorno en el que estamos. Esa consideración debe partir del ejercicio de la sociedad civil respecto del control político ciudadano. Después de las elecciones en que el pueblo delega el poder -no lo cede ni lo regala ni renuncia a este-, entra a funcionar la soberanía en manos del Poder Legislativo con su potestad y función legisladora, y la del Poder Ejecutivo como el timón de dirección de la nación con miras a una estabilidad política y la satisfacción del bien común. El problema esencial lo es, que una vez que los señoras y señores delegados se apropian del poder, se tornan sordos y el pueblo mudo, porque en apariencia no existen canales de comunicación eficaces. Sí los hay, aunque no todos los conocemos. Labor ciudadana lo será entonces, que nos eduquemos y aprendamos de nuestros derechos fundamentales. Es tiempo de despertar, escuchar el clamor ciudadano, ello sin sembrar violencia desaforada carente de dirección.
El artículo 11 de la Constitución Política contiene la esencia del control ciudadano a ejercer:
Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles responsabilidad penal por sus actos es pública.” (El subrayado no es del original).
En este tiempo en consecuencia, debemos despertar y actuar. Pasar del discurso a los resultados. Estamos al punto de la quiebra como país a todo nivel, moral y económico. Empero, el diálogo y las propuestas deben surgir de nosotros mismos, no del líder desteñido. Aclaramos que no propiciamos un golpe de Estado. El país cuenta con suficientes grupos organizados y mentes brillantes que pueden ofrecer soluciones en un gran diálogo nacional desde las bases. Somos nosotros los que debemos decirle al gobierno qué hacer, no a la inversa. Vislumbramos pactos no deseados a niveles de las altas esferas políticas. Por ello deben oírnos y nosotros actuar de conformidad.
Un grupo de ciudadanos solicitamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo certificar toda la documentación, comunicaciones, gestiones, propuestas, etc. realizadas a la fecha y a futuro, ante el Fondo Monetario Internacional. Ayunos de información fidedigna no es posible ejercer el control ciudadano. De no responder al ejercicio del derecho de petición constitucional, acudiremos sin demora a la Sala Constitucional para que los obligue a cumplir con la garantía de información de la sociedad civil. No deben sentarse por ahora esas autoridades superiores en la misma mesa a tertuliar. Eso se llama corrupción, no diálogo ciudadano. De seguido, mediante el conversatorio nacional bajo la bandera blanco, azul y rojo, debemos internarnos en el golpe bajísimo, desaforado, demencial e injusto del “ajuste fiscal”. Ya tuvimos uno y no cumplieron los gobernantes. Las exenciones y el despilfarro continuaron.
Ahora corresponderá exigir: De previo a cualquier endeudamiento adicional, por más desesperado que se nos ponga el panorama, debe el Estado surgir con un proyecto nacional inmediato de reducción del gasto público y de reactivación económica. Ello incluirá la Ley del Empleo Público vacía de las inconsistencias y barbaridades jurídicas contenidas en el proyecto en discusión. De seguido, la propuesta nacional al FMI acompañada del reajuste fiscal moderado, equilibrado, racional, proporcional, no confiscatorio. Lo anterior, de no existir otra salida sustitutiva de previo al cumplimiento de las dos propuestas iniciales concomitantes. A mediano plazo habrá una reestructuración, una reingeniería del Estado en temas fundamentales como lo serán la ampliación de la acción popular del artículo 392 del Código Procesal Penal, la introducción del juicio político presidencial y otras propuestas ciudadanas las que vendrán a fortalecer ese control ciudadano que por ahora ha sido huérfano y débil.
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