La Contraloría General de la República presentó un informe de auditoría donde evaluó los controles implementados en el proceso de entrega de víveres, en 15 cantones, por parte de comités municipales de emergencia (CME), centros educativos y centros de cuido y de desarrollo infantil (Cecudis), entre marzo y agosto de 2020, y alertó de la falta de controles encontrados en la entrega de víveres.
Dato D+: Los cantones incluidos en la fiscalización fueron: Desamparados, Tibás, Goicoechea, Turrialba, La Unión, San Rafael, Sarapiquí, Matina, Pococí, Esparza, Quepos, Grecia, San Ramón, Cañas y Tilarán.
Según los datos de la auditoría realizada, en los 15 cantones los tres entes mencionados han destinado en total ₡6.188 millones en la entrega de 89 mil paquetes de víveres a familias y personas necesitadas. Específicamente en el periodo de marzo a agosto de este año para los 15 cantones auditados los CME han entregado 67.300 paquetes con un valor estimado de ₡5.855 millones, los centros educativos han dado 18.400 paquetes con una valor de ₡236,4 millones y los Cecudis 3.400 paquetes estimados en ₡97 millones.
Los CME han dado los víveres a quienes se han visto afectados directamente por la emergencia y cumplen con criterios definidos por esos comités, mientras que los centros educativos y Cecudis han brindado paquetes como parte de las estrategias institucionales para dar continuidad a sus programas sociales de alimentación durante la emergencia.
Dato D+: En los 15 cantones seleccionados hay 15 comités municipales de emergencia, 17 Cecudis, y 996 centros educativos, de los cuales se auditó una muestra de 69 centros educativos.
Según encontró la Contraloría de una selección aleatoria de 285 solicitudes de personas beneficiarias, se determinó que en 9 de los 15 CME se carece de documentación que respalde que las personas seleccionadas cumplen con los requisitos para recibir la asistencia humanitaria.
La Contraloría señaló que, a pesar de que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) proporcionó las herramientas de control necesarias para los CME, la aplicación de estos no contiene la información necesaria para una adecuada verificación, por ejemplo, la auditoría señala 79 casos en que la justificación para la entrega fue una declaración jurada de la persona beneficiada, en la que señala haber sido despedida de su trabajo o encontrarse con jornada reducida o una suspensión del contrato laboral, sin embargo, al comprobar esos 79 casos en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja, solo en 9 casos las personas habían sido reportadas por sus patronos con una afectación por reducción de jornada o suspensión del contrato, por esto la Contraloría señaló la importancia de que las declaraciones juradas tengan más detalles que permitan la verificación posterior de los requisitos para recibir las ayudas.
Adicionalmente, se encontró que no existe uniformidad en la cantidad de paquetes que se entregan a cada persona o familia beneficiadas, el informe detalla que al solicitar esta información, de los 13 CME que respondieron, seis indican que la CNE instruyó que solo se entregará un paquete de víveres a cada persona beneficiaria, mientras que los otros siete señalaron no tener conocimiento de un límite por persona. La auditoría identificó 1.022 casos en los cuales se entregaron paquetes de víveres por más de una vez a una misma persona beneficiaria, sin que exista un control que defina formal y uniformemente la pertinencia de tal condición.
Sobre la entrega de víveres por los centros educativos, la Contraloría señaló que, a pesar de que el Ministerio de Educación Pública implementó un protocolo para la distribución de alimentos, que establece el requisito de que se consigne la información de la persona beneficiaria, y la firma de tres actores del centro (miembro de junta, director del centro y encargado del control), se omitió requerir la identificación y firma de la persona que recibe el paquete, lo que la auditoría señaló como “un riesgo de que cualquier persona retire el beneficio, sin corresponderle, y la alimentación no llegue a la población estudiantil beneficiaria”.
Por último, sobre la entrega de víveres en los Cecudis, la Contraloría encontró que seis de 17 Cecudis no disponen de la información sobre el costo total y la cantidad de los paquetes entregados, seis de 15 Cecudis que presentaron informes lo hicieron de forma incompleta y no siguieron las medidas tomadas en el marco de la emergencia o no contaban con el resumen de las estrategias tomadas. Adicionalmente, el informe destaca que ninguno de los Cecudis auditados ha recibido algún tipo de revisión, seguimiento o evaluación de la ayuda canalizada a la población beneficiaria en el marco de la atención de la emergencia, por parte de las unidades locales de desarrollo social del IMAS.
La Contraloría concluyó que las entidades que entregan paquetes de víveres de ayuda social tienen importantes oportunidades de mejora que implementar en relación con el cumplimiento, implementación y la suficiencia de los controles en la distribución y entrega de los paquetes de víveres.
