El Ministerio de Justicia y Paz anunció esta mañana que la implementación del bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios nacionales ya entró en funcionamiento.
El bloqueo proviene de la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones y de la obligación de que los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones impidiesen el funcionamiento de los servicios inalámbricos disponibles al público, en el interior de los centros penitenciarios, sin afectar el servicio de la población residente y de los usuarios de las zonas aledañas a los centros.
La fecha establecida para la entrada en operación del bloqueo fue el pasado 11 de abril pasado, pero debido a la emergencia ocasionada por la COVID-19, los operadores del servicio telefónico no pudieron cumplir a tiempo con la parte final del calendario de implementación.
Según informó Justicia este viernes, la capacitación a los técnicos tuvo que realizarse de manera remota y, como las restricciones sanitarias de desplazamiento vehicular hicieron más lento el programa de visitas técnicas a cada uno de los centros penitenciarios del país por parte de este equipo local, los operadores tuvieron que invocar un caso de fuerza mayor ante Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para explicar las razones del retraso.
Tras la puesta en marcha, la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, señaló que:
Ha sido un proceso intenso y complejo, especialmente por las consideraciones de seguridad que reviste para todos los involucrados en esta implementación. Afortunadamente, ya podemos decirle al país que la solución tecnológica empieza a funcionar y va a ir cubriendo, de manera gradual, todos los centros del país antes del finalizar el año”.
Justicia espera que el funcionamiento del bloqueo vaya sumando gradualmente a todos los centros penitenciarios a lo largo y ancho del país hasta completar los 20 centros de atención institucional al finalizar el 2020. En ese momento el Ministerio de Justicia y Paz dará a conocer las estadísticas de dispositivos bloqueados dentro de los centros penales en estos primeros meses de operatividad.
Según la comunicación del Ministerio, las empresas telefónicas llevaron a cabo una serie de calibraciones para asegurar que el bloqueo se restrinja a las instalaciones penitenciarias, "no obstante, cualquier vecino de las zonas aledañas a los centros penales que experimente inconvenientes con el funcionamiento de sus dispositivos móviles puede comunicarse con su proveedor para que este realice los ajustes necesarios".
Además, y a sabiendas de que el bloqueo de señal también afectará las comunicaciones de los funcionarios, la cartera ministerial adoptó una serie de medidas preventivas:
- En primer lugar, se revisó el inventario de los teléfonos fijos institucionales y su funcionamiento, las centrales telefónicas y los radios policiales para determinar las posibilidades de comunicación de los colaboradores del Ministerio de Justicia y Paz.
- Se desarrolló un proceso de dotación y mejora de los teléfonos públicos dentro de los centros penitenciarios, los cuales están al servicio de la población penitenciaria.
La reforma a la Ley General de Telecomunicaciones se aprobó en agosto de 2018.
