En comunicado de prensa, la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus) aseguró que el 90% de los empresarios afiliados no podrá cancelar el pago del 25% del canon de regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), estimado en ₡339.566,39 por autobús y cuyo vencimiento estaba fijado para el viernes pasado (9 de octubre).

Asimismo, adelantaron que tampoco podrán enfrentar los tres pagos posteriores establecidos por la resolución RE-1360-RG-2020 de Aresep en setiembre pasado, que suman cerca de ₡1.350.000 por bus, “lo que representa casi ₡900 millones para las empresas afiladas a Canabus”.

Yerling Gómez, directora Ejecutiva de Canabus, explicó que debido a la afectación provocada por la pandemia (y las medidas de restricción solicitadas por el Ejecutivo) se registró una disminución del 65% en la mayoría de las rutas, cifra que subió hasta 85% en zonas rurales. “Como consecuencia, hoy día somos el segundo sector económicamente más afectado por la pandemia”, indica Gómez.

“Los empresarios desean cumplir con tal obligación, pero no pueden hacerlo, es materialmente imposible pagar si no se han recaudado tales recursos, si pagan canon no podrán pagar planillas de los cientos de colaboradores de la industria, no podrán comprar combustible para continuar brindando el servicio en sus comunidades, no podrán hacer frente al pago de cargas sociales y de aguinaldos este diciembre”, agregó.

Por ese motivo Canabus solicitó a la junta directiva de Aresep flexibilizar el pago del canon de regulación del 2020, “tomando en cuenta la realidad empresarial y con montos ajustados a los ingresos de cada empresa”. Del mismo modo, Canabus pide que Aresep suspenda todo proceso de caducidad o sanción contra las empresas morosas.

Canabus denuncia además en su comunicado que entre el 2010 y el 2020 el precio del canon ha subido un 360% (de ₡296.676 en 2010 a ₡1.358.265.59 en 2020) “producto de la mala gestión del ente regulador que lo ha obligado a pagar indemnizaciones millonarias a nivel judicial y a los altos costos administrativos y operativos de la institución”. Gómez explica que normalmente ese dinero sale “del bolsillo de los usuarios” pero que la situación actual “obliga al empresariado a cubrir este pago con su propio peculio, atentando contra el equilibrio económico y financiero de las empresas”.

La asociación también toca las puertas del Ministro de Obras Públicas y Transportes, pues pidió a su jerarca, Rodolfo Méndez Mata, ayudar a encontrar un mecanismo “que le permita al sector cumplir con sus obligaciones contractuales, pero dentro de la realidad económica y financiera que vive cada empresa”.

Plazos de Concesión y vida útil de las unidades

Aprovechando la gestión, Canabus también pidió a Méndez Mata:

que de una vez por todas se amplíe el plazo de los contratos de concesión a 15 años y de la vida útil de las unidades por al menos 3 años más”.

A fin de enfrentar la crisis actual los autobuseros también solicitaron a la Ministra de Coordinación de Asuntos Económicos (Pilar Garrido Gonzalo) que “agilice el acceso al fondo de avales y de una vez por todo se otorguen créditos accesibles al sector”. También le solicitan flexibilización en los requisitos de acceso a Banca de Desarrollo.

Por último, Canabus solicitó a la Asamblea Legislativa dar trámite rápido el proyecto de Ley #22.064 y que vía excepción “se elimine por esta vez el cobro de las multas e intereses abusivos establecidos en la ley de Aresep”.

“La continuidad del servicio, el trabajo de muchos años y el patrimonio de pequeños y medianos empresarios está en manos de las autoridades rectoras; el empresario operará hasta donde las condiciones lo permitan pues estamos comprometidos con los usuarios y evitaremos a toda costa el monopolio del transporte público, pero exigimos del gobierno prestar atención urgente a nuestros requerimientos”, concluyó Gómez.