Diversas organizaciones de personas con discapacidad y activistas de derechos humanos de las personas con discapacidad enviaron una carta urgente a la Asamblea Legislativa este fin de semana.
En la misiva solicitan al Congreso dar su respaldo a los recursos económicos solicitados para el Gobierno para que CONAPDIS pueda seguir brindando atención a más de 4000 personas con discapacidad y en estado de abandono y condición de pobreza que actualmente residen en alguna de las 52 alternativas residenciales habilitadas por la institución.
Recordemos que este viernes la Comisión de Hacendarios rechazó al Gobierno el uso de 51 mil millones de colones (que ya no se gastarán en pagar intereses del Servicio de la Deuda) para cubrir gastos de diferentes partidas, incluyendo 2000 millones solicitados para Conapdis, a fin de atender a personas con discapacidad en situación de abandono o pobreza.
El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad anunció que la no aprobación del presupuesto solicitado “acarrea impactos significativos sin precedentes en la capacidad de garantizar los derechos de sus personas usuarias más vulnerables”.
Según explica CONAPDIS, la consecuencia de obstaculizar la transferencia de fondos se vería reflejada “en el cierre de alternativas residenciales, la imposibilidad de poder proporcionar recursos para aprovisionar a quienes así lo requieren de pañales, complementos nutricionales, implementos para alimentación especial (como por ejemplo sondas nasogástricas), así como de medicamentos que, en este momento, no provee la Caja Costarricense del Seguro Social”.
La institución advierte que, de no contar con el presupuesto, no podrá seguir asistiendo a las personas usuarias a finales del mes en curso. Es decir, estas personas quedarían completamente desamparadas.
Debido a la situación generada por la COVID-19 y a la aplicación de la regla fiscal el déficit presupuestario de CONAPDIS en 2020 oscila precisamente en los 2.000 millones de colones.
La situación es crítica: por un lado, la disminución en la recaudación de las fuentes de financiamiento restringe las capacidades operativas institucionales, y por otro, la pandemia ha incrementado la presión sobre las finanzas de Conapdis”.
Dato D+: Casi 2000 personas han firmado ya el documento solicitando los recursos para CONAPDIS. Usted puede sumar su nombre, si lo desea, en este enlace.
En la misiva enviada el Congreso se recuerda a diputadas y diputados que Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 8661, en su artículo 11, indica lo siguiente: “Los Estados Parte adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”.
Del mismo modo se cita la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, Ley 7600, que en su artículo N°4, inciso h), indica lo siguiente: “Garantizar que las personas con discapacidad agredidas física, emocional o sexualmente, tratadas con negligencia, que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de abandono, tengan acceso a los medios que les permitan ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna”.
Además, las y los firmantes recuerdan que el actual clima de conflicto social en buena medida responde a las brechas de desigualdad que se ven particularmente marcadas cuando se trata de de los sectores de la población históricamente vulnerabilizados, dentro de los cuales se encuentran las personas con discapacidad.
En la carta, las personas y asociaciones firmantes indican que “si bien se entiende la situación fiscal y económica del país, es justificable realizar un esfuerzo adicional por parte del Estado para poder garantizar los recursos necesarios que le brinden calidad de vida a las personas”.
