Emilia Navas Aparicio, fiscala general de la República, presentó hoy a la ciudadanía el resultado del informe de labores del Ministerio Público correspondiente al año 2019, catalogado por ella como "clave para consolidar el nuevo modelo gerencial del Ministerio Público y mejorar el desempeño en las áreas de gestión".

Según Navas, durante el año 2019 ingresaron 233.187 casos al Ministerio Público, lo que se sumó a una carga de trabajo de 68.948 expedientes que habían quedado inconclusos al finalizar el año 2018, para un total de 302.135 expedientes de los cuales 228.034 llegaron a una etapa de conclusión (75.47%).

Partiendo de ese último dato, en solo el 11% se presentó una acusación (24.562 casos), el 34% fueron desestimados (77.152 casos), en el 6% se emitió un sobreseimiento definitivo (13.877 casos), el 23% recibió un archivo fiscal (59.258 casos) y en el restante 26% se emitió algún otro motivo de término.

La Fiscala afirmó que en etapa de juicio, el 64% de los casos obtuvo una sentencia condenatoria contra el acusado y el 32% recibió una absolutoria. En el 4% restante se emitió sentencia que era en parte condenatoria y en parte absolutoria.

Navas adjudicó al atraso de los tribunales el elevado porcentaje de causas que son falladas en contra de las pretensiones de la fiscalía. Según ella, el nivel de casos a la espera de juicio hace que los testigos o víctimas no acudan a las audiencias, o que estos olviden los hechos juzgados, por lo que los jueces terminan fallando a favor del acusado.

Asimismo, la Fiscala detalló que en el 57,5% de los casos por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales se formuló una acusación. Aunque ese dato coloca a esa fiscalía especializada como la de su tipo que más acusaciones presenta, las investigaciones de casos de alto impacto tardan hasta cinco años en delitos de índole sexual, y hasta dos años en los casos relacionados con delitos de violencia contra la mujer.

Según los estándares del Ministerio Público, se considera que el caso ha quedado rezagado cuando transcurren dos o más años de trámite sin haber finalizado la etapa de investigación. El informe señala que están en condición de rezago 9563 casos (13,8%).

En las fiscalías territoriales el promedio en fase de investigación pasó de 1 año y 26 días a 1 año y 31 días; mientras que en las fiscalías especializadas pasó de 1 año y 10 meses a 1 año y seis meses.

La Fiscalía con la menor cantidad de acusaciones presentadas versus la cantidad de expedientes en su trámite fue la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, ya que de 137 expedientes salidos solo en seis presentó acusación, lo que representa el 4,4%. Le sigue la Fiscalía Adjunta contra la Trata y Tráfico de Personas que de 88 expedientes solo acusó en cuatro de ellos (4,5%) y la Fiscalía Adjunta de Fraudes que de 3062 casos solo acusó en 198 (6,5%).

Procesos disciplinarios

El informe de rendición de cuentas señala que durante el año anterior se abrieron 862 investigaciones contra funcionarios del Ministerio Público, de las cuales solo 82 fueron elevadas a la Inspección Judicial (9.51%): en 632 casos se declaró que no había lugar a la denuncia, en 60 casos se aplicaron suspensiones sin goce de salario, 26 funcionarios recibieron amonestaciones escritas, 24 corresponden a causas acumuladas y en 10 solo se emitió una advertencia.

Otros datos

— Durante el año 2019 ingresaron un total de 194 denuncias por casos relacionados con la Ley contra el Maltrato Animal, de los cuales 121 correspondían a denuncias por maltrato contra animales, 65 por crueldad y 8 por peleas entre animales. Al finalizar el 2019 se concluyeron 195 casos, de los cuales solo 15 fueron acusados (7.69%).

— Las denuncias por estafa informática pasaron de 682 en el año 2017 a 4208 en el año 2019 (dato que solo incluye los relacionados con cibercrimen, sin incluir casos ordinarios de estafa). Para este tipo de casos, la Fiscalía no incluyó en su informe de rendición de cuentas datos sobre la cantidad de expedientes que han sido acusados.

— El despacho de Emilia Navas solo mantiene en trámite 91 expedientes, en su mayoría casos que se investigan por delitos contra los Deberes de la Función Pública, siendo los más frecuentes el prevaricato (25 casos; 19,6%), incumplimiento de deberes (20 casos; 15,7%) tráfico de influencias (11 casos; 8,6%) y enriquecimiento ilícito (9 casos; 7%). Al 31 de diciembre de 2019 llevó a término 108 casos, de los cuales solo en seis presentó una acusación (5,55%); 56 fueron desestimadas  y en cuatro se presentó solicitud de sobreseimiento.

— El promedio de ingreso anual de casos por fiscal auxiliar fue de 553 casos, considerando un total de 422 plazas de personas que se dedican a labores de investigación. En las fiscalías territoriales (que cuentan con 319 fiscales) el promedio de carga de trabajo anual es de 858 casos atendidos por fiscal. En fiscalías especializadas, que cuentan con 103 plazas de fiscal o fiscala auxiliar, el promedio es de 275 casos atendidos por puesto.

— La tasa de resolución de casos del Ministerio es de 0,75 es decir se atendió el 75% de la carga de trabajo (7,5 de cada 10 expedientes resueltos), quedando en trámite el 25% restante.

— En 2019 solo el 27,6% (103) de los casos concluidos por narcotráfico y delitos conexos fue llevado a acusación, de un total de 373 causas. La duración promedio para formular acusación en casos
de alto impacto social es de 2 años aproximadamente.

— En delitos económicos, aduaneros y tributarios se presentaron solo 28 acusaciones, lo que representa un 11,3% de los casos concluidos. En promedio, el plazo de investigación en las causas de alto impacto social es de 3 años.

— La fiscalía que investiga la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes presentó solo cuatro acusaciones, lo que en términos porcentuales representa un 4,5% del total de casos concluidos.

— La Fiscalía Adjunta Ambiental acusó solo 41 causas, lo que representa un 18,9% del total de casos concluidos. Cada investigación de alto impacto social se desarrolla en un tiempo promedio de 2 años y 4 meses.

— La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda solo 100 acusaciones durante el año 2019, en términos porcentuales representa el 8,3% de los casos concluidos. Una proporción considerable de los expedientes ingresados son (según la Fiscalía) "complejos", por lo tanto, el plazo en investigación en los casos de
alto impacto social se estima en 6,8 años.