El Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal envió una misiva a los vicepresidentes de la República, Epsy Campbell Barr y Marvin Rodríguez Cordero, así como a la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara Povedano, solicitando mayor transparencia en el proceso de Diálogo Nacional que convocó el Poder Ejecutivo bajo el nombre “Costa Rica escucha, propone y dialoga”.
Específicamente, el grupo ciudadano hizo tres peticiones al Gobierno:
- Que el Poder Ejecutivo informe públicamente las metas que ya han acordado con el FMI, según manifestó el 28 de agosto el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, en el foro de cierre.
- Que se vuelva a convocar a los mismos participantes de los tres foros para darles a conocer el planteamiento concreto sobre cómo se alcanzaran las metas que se llevan a la negociación con el FMI.
- Que las reuniones claves de negociación con los partidos políticos sean públicas y publicitadas.
Desde el Observatorio señalaron que, antes de que comenzara el proceso de diálogo, ya tenían sus dudas sobre el procedimiento, por lo que el 10 de agosto enviaron un oficio a la viceministra Lara en la cual solicitaron conocer el protocolo que el Ejecutivo utilizaría para garantizar la sistematización de todas las propuestas y aportes que llegaran a través del formulario que el Gobierno había habilitado.
Además, solicitaron que se detallara la forma en que se tomaría acuerdos en las mesas, el método para registrar y dar seguimiento a los puntos en los que hubiera coincidencias y divergencias y la manera en que el Gobierno iba a garantizar que los acuerdos ahí tomados iban a ser respetados.
A pesar de no haber recibido respuesta de parte de la viceministra Lara a las consultas realizadas, la agrupación decidió enviar sus propuestas y participar de las mesas de diálogo, solo para darse cuenta de que únicamente dos de las ocho propuestas que habían enviado fueron tomadas en cuenta para las mesas, sin que se les diera ninguna respuesta o explicación de los motivos de esas decisión.
Adicionalmente, al recibir la metodología para las Mesas de Diálogo identificaron que lo que el Gobierno estaba haciendo no era un diálogo con las propuestas recibidas, sino un proceso de audiencias donde los proponentes podían presentar a los demás participantes y a las autoridades sus propuestas.
Tras consultas de este medio a Casa Presidencial sobre la posición de la viceministra Silvia Lara sobre los señalamientos hechos por el Observatorio Ciudadano, la viceministra dio respuesta al oficio que se había remitido el 10 de agosto.
Dato D+: La administración pública debe contestar las solicitudes de información que se le realicen en 10 días hábiles, según lo establece el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Sobre la respuesta recibida, Mainor Parrales Ramírez del OCTF señaló: "La respuesta a la carta nuestra del 10 de agosto, nos llega cuando el "diálogo" ya había pasado y los 10 días hábiles del derecho de petición vencieron precisamente el martes 25 de agosto, día de inicio de los foros. Se tardaron 15 días hábiles en contestar y ni siquiera se refieren a la no inclusión de seis de nuestras propuestas en la sistematización y a la petición de que estas fueran incluidas. Un diálogo nacional puede fracasar por no llegar a acuerdos, y el Poder Ejecutivo convocó a un diálogo nacional predestinado a no lograr acuerdos, lo que confirma nuestra tesis de que se trató de una audiencia y no de un diálogo social que es lo que el país y la ciudadanía necesita".
Desde el Observatorio aseguraron que han hecho un llamado a otras de las organizaciones que participaron del proceso para ampliar el diálogo y hacerse presentes en el proceso de negociación que lleva el Poder Ejecutivo con el FMI, y que esperan recibir, en los plazos que corresponde, una respuesta de las autoridades a su más petición de esta semana.
Por su parte Casa Presidencial aseguró que darán respuesta a los demás oficios.
